Imputados deberán reforestar 4.3 hectáreas en Sisal tras daño ambiental. Autoridades supervisarán la restauración y cumplimiento por cinco años.
Un caso de daño ambiental en Sisal avanza hacia una solución legal alternativa luego de que se aprobara la suspensión condicional del proceso penal contra tres personas acusadas de remover vegetación costera de manera ilegal.
La medida, autorizada en audiencia el pasado 14 de abril, busca priorizar la reparación del ecosistema afectado mediante acciones supervisadas por autoridades ambientales.
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Como parte de la resolución judicial, los imputados deberán ejecutar un programa integral de reforestación en un área de aproximadamente 4.3 hectáreas. Este plan contempla la siembra de al menos 4,800 plantas nativas, incluyendo especies como mangle botoncillo, palma chit y uva de mar, además de un 20% adicional para garantizar una supervivencia mínima del 90%.
Las labores incluyen actividades como preparación del terreno, plantación, riego, mantenimiento y monitoreo, así como la entrega de informes periódicos. Además, los implicados deberán cumplir condiciones como mantener un empleo lícito, residir en el domicilio registrado y someterse a vigilancia mensual durante el proceso.
Foto: Cortesía
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El caso se originó por la tala y desmonte ilegal de vegetación en dunas costeras y áreas de mangle, incluyendo especies protegidas por normativas ambientales. Estas acciones se realizaron en terrenos ganados al mar, considerados propiedad de la nación, lo que constituye un delito federal.
Las afectaciones no solo impactaron el ecosistema, sino que también generaron riesgos como la expansión de desarrollos irregulares y la especulación inmobiliaria en zonas ecológicamente sensibles. Desde febrero de 2025, autoridades realizaron inspecciones y clausuraron predios para frenar estas actividades.
Foto: Ilustrativa
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Además del proceso legal, se han impulsado medidas coordinadas entre autoridades y la comunidad para atender la problemática. Entre ellas destacan talleres ambientales, acuerdos interinstitucionales y jornadas de apoyo social, que incluyen mejoras en infraestructura y programas comunitarios.
También se estableció la obligación de generar contenidos de concientización ambiental, con al menos 12 materiales audiovisuales en un año, enfocados en informar sobre las consecuencias del daño ecológico. La suspensión condicional tendrá una duración de cinco años, periodo en el que se supervisará el cumplimiento de todas las medidas.
El objetivo principal es lograr la restauración del entorno natural y prevenir futuras afectaciones, al tiempo que se promueve una mayor conciencia ambiental en la región.
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