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La resolución fue emitida por la jueza Mercedes del Sol Hernández, del Juzgado Tercero de Distrito, pese a que la comunidad ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos por la cercanía de la infraestructura de la empresa Engie México.
¿Qué exigen las familias de Umán afectadas por el booster?
La comunidad afectada anunció que cuenta con 10 días hábiles para presentar una queja y que ya prepara la impugnación contra la resolución judicial. Las y los vecinos continúan organizados y advirtieron que, de ser necesario, están listos para manifestarse de manera pacífica y coordinada.
Las familias reiteraron que esta no es solo una disputa legal, sino una exigencia para garantizar su seguridad y su derecho a vivir sin miedo dentro de sus propios hogares, en una zona donde, aseguran, nunca debió colocarse una estación de gas natural.
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Una búsqueda “exhaustiva y minuciosa” en los archivos físicos y digitales del municipio arrojó que no hay licencias de uso de suelo, licencias de construcción, dictámenes de Protección Civil, autorizaciones de infraestructura ni registros urbanísticos o ambientales relacionados con estas obras.
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El Ayuntamiento también confirmó que en su poder no obran permisos estatales o federales, declarando formalmente incompetencia para proporcionarlos.
¿Siguen operando el booster y construyendo viviendas si no hay permisos?
Pese a la inexistencia total de permisos municipales y la ausencia de cualquier respaldo estatal o federal, las empresas continúan operando el booster de gas natural a escasos metros de viviendas habitadas y avanzan con la construcción y venta de casas del fraccionamiento Gran Calzada.
Ante esta situación, la comunidad cuestiona la validez de cualquier documento que Energía Mayakan o Grupo Casitas pretendan presentar, ya que el propio Ayuntamiento de Umán confirma que no existe ningún registro que avale obras o infraestructura.