En un comunicado, las autoridades ambientales confirmaron lo denunciado por activistas ante la remoción de áreas importantes de manglar
Tras una inspección realizada en la zona de la costa yucateca conocida como Dunas de Chuburná, la Profepa confirmó al menos 5 daños ecológicos concretos de un proyecto inmobiliario que se pretende construir en esa área de la comisaría de Puerto Progreso.
La verificación, realizada del 28 al 30 de julio por el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), detectó varias irregularidades que grupos ecológicos y activistas ya habían denunciado, por lo que se procedió a la clausura del proyecto “Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas”.
Foto: Salvemos Las Dunas
La Profepa, en un comunicado, informó sobre los daños ecológicos en el área conocida como Las Dunas de Chuburná que a continuación se señalan:
Foto: Profepa
Foto: Profepa
Además, se detectaron irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte, lo que agrava el deterioro ambiental y puede generar contaminación adicional en el sitio.
Derivado de estos hallazgos, la Profepa determinó que existen hechos que constituyen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por incumplir las condicionantes de la autorización de cambio de uso de suelo y causar daño o deterioro al ecosistema forestal de dunas costeras.
Como medida de seguridad, la autoridad impuso la clausura temporal total de las obras y actividades de construcción, colocando los sellos respectivos en el predio. Esta medida se mantendrá hasta que los responsables acrediten que fueron evaluadas en materia de impacto ambiental y cuenten con la respectiva autorización de la SEMARNAT.
Además de la clausura, se inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las sanciones económicas y responsabilidades.
La Profepa advirtió que las omisiones, incumplimientos y daños a especies protegidas pueden trascender del ámbito administrativo y configurar un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal. De probarse, esto podría derivar en sanciones penales para los responsables.
La clausura del proyecto Las Dunas no fue solo resultado de las inspecciones oficiales, sino también de una creciente movilización ciudadana y activista en Yucatán.
Durante varias semanas, pescadores, habitantes de Chuburná Puerto y colectivos ambientalistas reportaron la devastación de la vegetación dunar y la amenaza para la flora y fauna local.
El colectivo “Salvemos las Dunas” convocó a movilizaciones pacíficas en Mérida y exigió a los tres órdenes de gobierno la revocación de autorizaciones ambientales, el freno inmediato al desmonte y una auditoría e investigación de responsabilidades.
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La comunidad local y grupos ambientalistas alertaron sobre impactos graves e irreversibles como la pérdida de la barrera natural contra huracanes, la afectación a especies protegidas, el riesgo al manto acuífero y la posible privatización de accesos a la playa.
También exigieron la cancelación definitiva del megaproyecto, la investigación de los permisos otorgados y la reparación del daño ambiental.
La presión de grupos ambientalistas y ciudadanos derivó en la clausura temporal del proyecto, tras denuncias por la deforestación de vegetación en una zona considerada estratégica para la protección de la costa yucateca.
Activistas celebraron la medida como un gran avance en la lucha por la defensa del territorio, aunque mantienen la exigencia de que se investiguen las responsabilidades y se reparen los daños.
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