El refugio Miry Huellitas en Temozón, Yucatán, denunció la muerte de tres perros y la desaparición de uno más, por lo que busca a los responsables.
La asociación protectora Miry Huellitas denunció el presunto envenenamiento de tres perros comunitarios que vivían en una zona cercana al COBAY, en el municipio de Temozón, Yucatán.
A través de una publicación en redes sociales, la organización lamentó la muerte de los animales, anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades y pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a los posibles responsables.
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De acuerdo con Miry Huellitas, los perros Muñeco, Pirata y Canelo eran alimentados por vecinos y permanecían en los alrededores del Colegio de Bachilleres, donde eran conocidos por la comunidad.
En su publicación, la asociación aseguró que los tres animales habrían muerto tras ser envenenados, por lo que calificó el hecho como un acto de crueldad.
"Hoy nuestro corazón está de luto", expresó la agrupación, al señalar que los perros "no eran un estorbo" y que, como cualquier ser vivo, merecían respeto y la oportunidad de vivir.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que, ante la presencia de animales en situación de calle, existen alternativas como reportar el caso a las autoridades, promover la esterilización, impulsar la adopción o solicitar apoyo a organizaciones dedicadas a su protección.
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La organización informó que buscará interponer una denuncia por este presunto caso de maltrato animal y solicitó a los vecinos de la zona compartir cualquier información que permita identificar a la persona o personas involucradas.
Además, alertó sobre la desaparición de una perrita conocida por la comunidad, la cual, según la asociación, también podría haber sido víctima de envenenamiento, aunque hasta el momento no ha sido localizada.
Las personas que cuenten con información relacionada con este caso pueden comunicarse al número 986 593 6554, compartido por Miry Huellitas para recibir reportes.
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En Yucatán, el maltrato animal es un delito y puede ser investigado por las autoridades cuando existen indicios de actos de crueldad o de la muerte intencional de un animal. De comprobarse la responsabilidad, este delito puede castigarse con penas de hasta 10 años de prisión.
Organizaciones protectoras hicen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de este tipo y aportar información que contribuya a las investigaciones, con el objetivo de prevenir nuevos casos y garantizar que los responsables, en caso de comprobarse los hechos, enfrenten las sanciones que establece la ley.
