La segunda mitad del año comenzó con fuertes declaraciones, políticos encarcelados y el inicio de una crisis en la costa yucateca.
Con el inicio de julio de 2025 se marca la mitad del calendario en Yucatán. Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, quedan asuntos pendientes de los primeros seis meses del año que darán de qué hablar, entre decisiones institucionales, declaraciones políticas de alto impacto y figuras públicas tras las rejas.
En el estado se registraron cambios profundos en materia de transparencia y acceso a la información, cuestionamientos al modelo de transporte público, detenciones de figuras políticas y una crisis ambiental en la costa que apenas comenzaba a mostrar sus efectos.
Foto: Canva/Freepik
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El 2 de julio de 2025, el Congreso del Estado aprobó la desaparición del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP), como parte de una armonización legal con reformas que eliminaron los organismos autónomos de transparencia a nivel nacional.
Con 33 votos a fotos y uno en contra, de la diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, el INAIP dejó de operar formalmente tras más de dos décadas de existencia, para dar paso a un nuevo modelo de transparencia.
Foto: INAIP/Canva
Al desaparecer el INAIP, se creó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo, lo que generó debate entre especialistas y organizaciones civiles, sobre el riesgo de debilitar la autonomía en el acceso a la información y la protección de datos personales.
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El 22 de julio de 2025, durante una transmisión en vivo, el gobernador Joaquín Díaz Mena declaró que el sistema de transporte Va y Ven era una “herencia maldita”, que había dejado la administración de Mauricio Vila Dosal.
Señaló que el proyecto fue mal planeado y dejó compromisos financieros elevados que afectan al presupuesto estatal. De acuerdo con el mandatario, el sistema presenta costos de operación superiores a lo previsto y deficiencias que obligaron a su gobierno a replantear rutas, contratos y esquemas de subsidio.
Durante el mes de julio, dos personajes políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) terminaron tras las rejas. El primero, Rafael Echazarreta Torres, una de las figuras más visibles del partido y su líder municipal en Mérida.
Fue el 11 de julio, cuando se dio a conocer que el también empresario fue detenido por su presunta participación en el delito de fraude, luego de hechos ocurridos entre 2023 y 2024, relacionados con operaciones comerciales de alto valor económico.
La dirigencia del PRI Yucatán condenó la detención y la calificó de persecución política. En menos de 24 horas, Echazarreta Torres fue puesto en libertad para seguir su proceso fuera de la cárcel; días después se le colocó un localizador electrónico.
Foto: SSP Yucatán
El 17 de julio de 2025, fue detenido Warnel May Escobar, quien fuera alcalde de Izamal en dos ocasiones, tras ser sorprendido transportando ganado sin documentación legal. Exactamente, una semana después se le detuvo por segunda ocasión.
El expresidente municipal fue imputado los delitos de evasión de presos, daño en propiedad ajena cometido contra institución pública y robo calificado, fue vinculado a proceso tras los disturbios ocurridos previo a la jornada electoral de 2024 en Izamal.
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Desde principios de julio, comenzaron las señales de la presencia de marea roja en la costa yucateca, principalmente entre los puertos de Progreso y Celestún, con el paso de las semanas, este fenómeno provocaría la suspensión temporal de la pesca y alertas sanitarias por riesgo en el consumo de mariscos.
La crisis afectó a pescadores, y prestadores de servicios turísticos, además fue la causa de la muerte de cientos de peces, que recalaron a la orilla, y también generó pérdidas económicas en plena temporada vacacional, la más fuerte en Yucatán.
