Cuatro organizaciones de la sociedad civil se unieron para documentar agresiones, restricciones y actos de criminalización contra periodistas, activistas, personas defensoras y comunidades en Yucatán.
Ante el panorama de amenazas, restricciones y presuntos actos de criminalización contra quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a la protesta, cuatro organizaciones de la sociedad civil presentaron el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta.
La iniciativa está integrada por cuatro organizaciones que desde diferentes ámbitos han acompañado y documentado casos relacionados con la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la protesta social y la defensa del territorio.
Foto: Irving Gil
El nuevo Observatorio busca generar información sobre las condiciones en las que periodistas, personas defensoras, activistas, colectivas y comunidades ejercen estos derechos, además de articular respuestas frente a amenazas y otras formas de violencia.
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El principal objetivo será documentar, visibilizar y responder colectivamente ante agresiones y restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Yucatán.
A través de esta alianza se pretende identificar patrones de agresión, criminalización o restricciones, así como generar información que permita conocer cómo y bajo qué condiciones se ejercen estos derechos.
También se buscará fortalecer las redes de acompañamiento y solidaridad entre periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas, comunidades y organizaciones.
Roberto Sánchez, de Kanan Derechos Humanos, explicó que esta articulación surge de un trabajo que comenzó hace aproximadamente dos años frente al panorama de criminalización de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos y del territorio.
Por su parte, Brenda Ortiz, de Reflexión y Acción Feminista, señaló que en Yucatán incluso se han identificado estrategias de criminalización desde el propio Estado.
En los últimos 10 años hemos observado que se invierten recursos para replicar actos de criminalización en manifestaciones, por ejemplo.
Brenda Ortiz - Reflexión y Acción Feminista
El Observatorio está conformado por cuatro organizaciones de la sociedad civil:
Las agrupaciones buscan articular una agenda común de incidencia, acompañamiento, comunicación y acción colectiva para fortalecer la defensa de estos derechos.
Kelly Ramírez Alpuche, de Igualdad Sustantiva Yucatán, destacó que la creación del Observatorio responde a la necesidad de dar seguimiento a los casos y promover cambios que eviten la criminalización de la labor periodística.
KeEste es un llamado para que haya un seguimiento a las iniciativas que ya se han presentado y que se reformen las leyes necesarias para que no se criminalice la labor periodística y que no haya actos de censura.
Kelly Ramírez - Igualdad Sustantiva Yucatán
Agregó que la censura también puede impedir que se visibilicen casos relacionados con personas en condiciones de vulnerabilidad.
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La creación del Observatorio tiene como antecedente una propuesta de reforma impulsada por las organizaciones desde 2025, en alianza con Amnistía Internacional.
Javier Escalante, de Somos Periodistas, señaló que Yucatán se encuentra entre los estados que todavía contemplan sanciones de cárcel relacionadas con la injuria, difamación y calumnia, agrupadas como “delitos contra el honor”.
Estos ya no pueden existir en los Códigos Penales, así que en conjunto hemos hecho esta propuesta a la legislatura pasada y a la actual. Hoy no queremos quedarnos sólo con esto, sino darle seguimiento.
Javier Escalante - Somos Periodistas
La propuesta plantea modificar diversas disposiciones de los códigos Penal y Civil del estado, incluyendo la derogación de figuras como difamación, calumnia e injuria, al considerar que pueden representar riesgos para la libertad de expresión y generar efectos de autocensura.
También plantea revisar figuras como “ataques a las vías de comunicación y medios de transporte”, “desobediencia y resistencia de particulares” y “ultrajes a la moral y las buenas costumbres”, debido a la posibilidad de que sean utilizadas contra personas que participan en protestas o procesos de defensa territorial.
Las organizaciones han señalado casos relacionados con comunidades mayas como Sitilpech, Chapab, Santa María Chí e Ixil, donde los procesos de protesta y defensa del territorio han puesto sobre la mesa la actuación de las instituciones de seguridad y justicia.
Foto: Congreso Yucatán
La propuesta fue presentada públicamente el 23 de octubre de 2025, durante el Foro Derecho a la Protesta, y entregada al Congreso del Estado un día después.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2026, las organizaciones llevaron nuevamente la discusión al Congreso mediante un foro público con la participación de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía.
Con el nuevo Observatorio, las organizaciones buscan dar seguimiento a estos procesos, documentar agresiones y construir memoria sobre los obstáculos que enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
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