Campeche enfrenta crisis de liquidez. Layda Sansores advierte que no hay recursos ni para pagar la luz y podría paralizar oficinas públicas.
La situación económica del estado de Campeche ha encendido las alertas luego de que la gobernadora Layda Sansores San Román reconociera públicamente una severa crisis de liquidez.
La mandataria aseguró que su administración enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos, incluyendo el pago de energía eléctrica, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la estabilidad financiera estatal.
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De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, el problema principal radica en un recorte significativo en las participaciones federales. Mientras cifras oficiales señalan una reducción cercana a los 2 mil millones de pesos, Sansores afirma que el impacto real alcanza los 4 mil millones, lo que ha afectado directamente la operación del gobierno estatal.
La mandataria también ha señalado como factor la Ley de Coordinación Fiscal, la cual considera injusta para entidades como Campeche, que aportan una alta producción petrolera pero no reciben recursos proporcionales. Esta combinación de factores ha provocado que el estado, según sus palabras, no tenga “un peso de liquidez”, complicando el cumplimiento de compromisos financieros básicos.
Foto: Ilustrativa
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Uno de los puntos más polémicos ha sido la advertencia de la gobernadora sobre una posible paralización de oficinas públicas. Sansores aseguró que, si no cuentan con recursos para pagar el servicio eléctrico, no solicitará préstamos ni prórrogas, lo que implicaría apagar las oficinas gubernamentales.
Esta situación no es hipotética, ya que recientemente el gobierno estatal tuvo que solicitar una prórroga de hasta 15 días para cubrir el recibo de luz. Especialistas advierten que una medida de este tipo podría afectar trámites, servicios públicos y programas sociales, además de generar posibles sanciones o interrupciones en el suministro eléctrico.
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En medio de la crisis, el Congreso local autorizó la contratación de una deuda por mil millones de pesos, la cual deberá pagarse en un plazo de 20 años y está destinada a proyectos de inversión productiva. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado si estos recursos ya están siendo utilizados o cuándo se aplicarán.
La falta de claridad sobre el uso de este empréstito, sumada a las diferencias entre cifras oficiales y declaraciones de la gobernadora, ha generado incertidumbre entre ciudadanos y analistas.
A pesar del panorama, Sansores ha destacado el apoyo federal recibido recientemente para obras públicas, aunque esto no ha sido suficiente para resolver la crisis de liquidez que enfrenta actualmente el estado.
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