Alianza por la Salud Alimentaria pide aclarar el evento de Coca-Cola en Chichén Itzá y cuestiona el uso comercial de un sitio patrimonio cultural.
La realización de un evento privado con fines publicitarios en Chichén Itzá ha generado reacciones y cuestionamientos en torno al uso de espacios históricos en México.
La Alianza por la Salud Alimentaria expresó su preocupación tras la autorización otorgada a la empresa Coca-Cola para formar parte del tour del trofeo de la FIFA 2026 dentro de esta zona arqueológica, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Foto: Ilustrativa
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El señalamiento principal radica en el uso de un sitio arqueológico con valor histórico, cultural y simbólico para actividades vinculadas a marcas comerciales. De acuerdo con la organización, este tipo de autorizaciones podría sentar un precedente sobre la utilización de espacios públicos con fines publicitarios.
Chichén Itzá es reconocido como uno de los principales símbolos de la herencia cultural de los pueblos originarios en México. Por ello, especialistas y organizaciones civiles consideran que su uso debe priorizar la conservación, investigación y difusión cultural, evitando dinámicas que puedan interpretarse como mercantilización del patrimonio.
Sin embargo, este tipo de eventos también abre el debate sobre los criterios bajo los cuales las autoridades permiten actividades especiales dentro de zonas arqueológicas, así como el equilibrio entre promoción turística, proyección internacional y protección cultural.
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Otro de los puntos expuestos por la Alianza por la Salud Alimentaria está relacionado con el impacto de las bebidas azucaradas en la salud pública. En Yucatán, el consumo de refrescos supera el promedio nacional, con aproximadamente 220 litros por persona al año, frente a los 163 litros registrados en el país.
Diversos estudios han vinculado el consumo frecuente de estas bebidas con enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, padecimientos cardiovasculares y otros problemas de salud. Además, también se ha señalado el impacto ambiental asociado a la industria refresquera, especialmente en la generación de residuos plásticos y el uso intensivo de recursos como el agua.
A partir de estos elementos, organizaciones consideran que la presencia de marcas de este tipo en espacios culturales puede enviar mensajes contradictorios en temas de salud y sostenibilidad, aunque estas posturas forman parte de un debate más amplio entre sectores sociales, autoridades y empresas.
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El tema también ha puesto sobre la mesa el marco legal que protege el patrimonio cultural en México. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que destacan que estos bienes pertenecen colectivamente a los pueblos y comunidades indígenas, y que su resguardo es responsabilidad del Estado.
Normativas como la Constitución mexicana y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural establecen que estos espacios deben ser preservados y utilizados bajo criterios que respeten su valor histórico y social.
En este contexto, la Alianza por la Salud Alimentaria solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno de Yucatán transparentar los criterios bajo los cuales se autorizó el evento.
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