El Tribunal Electoral de Yucatán concluyó que el alcalde condicionó el pago sin base legal, vulnerando los derechos de la comisaria.
Durante más de 18 meses, la comisaria municipal de San Isidro Ochil, Roxana Cámara Avilés, ejerció su cargo sin recibir salario.
El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ordenó al alcalde de Homún, Joan Gregorio Góngora Suárez, cubrir de inmediato las remuneraciones retenidas, al concluir que la omisión de pago constituyó una violación a sus derechos político-electorales en el ejercicio del cargo.
Foto: Redes sociales.
De acuerdo con la demanda, la comisaria municipal dejó de recibir su salario desde el 15 de octubre de 2024, pese a continuar en funciones.
La falta de pago se prolongó por más de 18 meses e incluyó también la omisión del aguinaldo correspondiente.
El Ayuntamiento de Homún argumentó razones administrativas, al señalar que el pago estaba sujeto a la firma previa de recibos de nómina.
Sin embargo, el Tribunal determinó que esta condición carece de sustento legal y no puede utilizarse para restringir el acceso a la remuneración de un cargo público.
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El caso fue promovido mediante un juicio ciudadano, al considerar que la omisión de pago afectaba directamente el derecho de la comisaria municipal a ejercer su cargo.
El Tribunal concluyó que retener el salario bajo condiciones administrativas constituye una violación a los derechos político-electorales, ya que el ejercicio del cargo incluye recibir la remuneración correspondiente de manera íntegra y sin restricciones injustificadas.
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La autoridad electoral ordenó el pago inmediato de:
Además, se fijó un plazo máximo de 24 horas para cumplir con la sentencia.
El Tribunal declaró infundadas otras solicitudes, como la intención de la comisaria de administrar directamente recursos económicos y materiales, al precisar que las comisarías municipales no cuentan con esa atribución.
También se determinó que no hubo pruebas suficientes para acreditar actos de menosprecio o desconocimiento del cargo.
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El Ayuntamiento de Homún deberá cumplir con el pago en el plazo establecido por el Tribunal. En caso de incumplimiento, podrían activarse medidas legales para hacer efectiva la sentencia.
El fallo deja claro que retener salarios bajo pretextos administrativos no solo es una práctica indebida, sino una violación a los derechos de quienes ejercen un cargo público, estableciendo límites precisos a la actuación de las autoridades municipales.
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