Yucatán

Greenpeace revela contaminación en pozos y cenotes de Yucatán; exigen acciones

Un estudio de Greenpeace México detectó bacterias fecales y exceso de nutrientes en pozos y cenotes de siete localidades de Yucatán.

Personal de Greenpeace tomando muestras del agua en un cenote de Yucatán. Foto: Greenpeace México
Personal de Greenpeace tomando muestras del agua en un cenote de Yucatán. Foto: Greenpeace México

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El agua que corre bajo nuestros pies y alimenta los cenotes de Yucatán enfrenta una amenaza que preocupa cada vez más a las comunidades mayas, pues nuevos análisis encontraron señales de contaminación en distintos puntos del estado.

La situación vuelve a encender las alertas sobre el futuro del acuífero de la Península de Yucatán, del que dependen miles de familias y que constituye una de las principales fuentes de abastecimiento de la región.

Los resultados también ponen sobre la mesa una preocupación que lleva años sin resolverse: el impacto de las granjas porcícolas en el medio ambiente y la falta de acciones para frenar el deterioro de las fuentes de agua.

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Foto: Cortesía

¿Qué encontraron en los pozos y cenotes de Yucatán?

Un estudio realizado por Greenpeace México en agosto de 2026 analizó muestras de agua de 17 pozos y cenotes ubicados en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz.

Los resultados revelaron que 16 de las 17 muestras presentaron niveles muy altos de coliformes totales, un grupo de bacterias que se utiliza para detectar posibles problemas de contaminación del agua.

Además, en 13 muestras se encontraron altas concentraciones de coliformes fecales, bacterias que indican la presencia de residuos de heces humanas o animales y que pueden estar acompañadas de microorganismos capaces de causar enfermedades.

También se detectaron niveles elevados de nitratos, sustancias que pueden llegar al agua a través de fertilizantes, aguas residuales y desechos de animales. En dos muestras, una de Motul y otra de Chocholá, las concentraciones superaron los 50 miligramos por litro establecidos como referencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio encontró además exceso de fósforo, materia orgánica y otras sustancias que afectan la calidad del agua. Estos resultados generan preocupación por la contaminación, así como por los posibles riesgos para la salud de las personas que usan el agua de estos pozos y cenotes.

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Las granjas porcícolas y la contaminación del agua en Yucatán

En conferencia de prensa, La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To'one Ja'o'on señaló que la actividad porcícola continúa entre las principales preocupaciones de las comunidades en Yucatán. 

Aunque el estudio de Greenpeace no determinó el origen exacto de los residuos fecales, otros análisis realizados en 2024 y 2026 identificaron marcadores de heces de cerdo en cinco puntos de Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú.

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Foto: Cortesía

La preocupación aumenta por las características del suelo yucateco, cuya roca caliza porosa permite que los contaminantes lleguen al agua subterránea, lo que representa un riesgo para las comunidades que dependen de pozos y cenotes, además de los ecosistemas conectados al acuífero.

¿Qué dijo la ONU sobre la contaminación del agua en Yucatán?

La contaminación del agua en Yucatán también ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En marzo de 2026, Marcos Orellana, entonces relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, visitó comunidades de la Península de Yucatán para conocer los problemas ambientales que enfrentan.

En su informe, advirtió sobre los riesgos que representan las actividades agroindustriales, entre ellas las granjas porcícolas, debido al manejo de grandes cantidades de excrementos y aguas residuales que pueden afectar el agua, la salud de las personas y el medio ambiente.

También señaló la cercanía de estas instalaciones con comunidades mayas y la falta de permisos ambientales y consultas a los pueblos afectados en muchos de estos proyectos.

Ante este panorama, Orellana respaldó la propuesta de considerar una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental para la Península de Yucatán, una medida que comunidades mayas y organizaciones civiles impulsan desde 2024 ante el deterioro del acuífero.

¿Qué exigen las comunidades mayas ante la contaminación del agua?

A un año de presentar una denuncia ante las autoridades federales, la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To'one Ja'o'on y Greenpeace México señalan que todavía hay asuntos sin resolver y que las acciones para frenar la contaminación del agua han sido insuficientes.

Las organizaciones exigen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar inspecciones en las megagranjas porcícolas señaladas por posibles daños ambientales, además de hacer públicos los resultados y las sanciones aplicadas.

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Entre las instalaciones denunciadas se encuentran las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en Maxcanú; y seis complejos de Kekén ubicados cerca de Kinchil y Celestún. Algunas cuentan con antecedentes de inspecciones, multas y clausuras temporales.

También piden realizar estudios periódicos del agua de pozos y cenotes, con participación de las comunidades, para conocer el nivel de contaminación y detectar las posibles fuentes de los residuos.

Otra de las preocupaciones es el traslado de miles de cerdos desde la granja clausurada de Santa María Chí hacia instalaciones cercanas a Molas, pues temen que esta situación pueda afectar a otras poblaciones y a la Reserva Ecológica Cuxtal, zona clave para el abastecimiento de agua de Mérida.

Las comunidades también solicitan investigar la muerte de peces reportada en una laguna entre Kinchil y Maxcanú, así como reparar los daños ambientales en Santa María Chí y evitar que se repitan.

Para los pueblos mayas, no basta con abrir expedientes o imponer multas, pues consideran necesario que las autoridades garanticen el acceso al agua limpia, protejan sus territorios y permitan que las comunidades participen en las decisiones que puedan afectar su salud y su entorno.

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