La exfuncionaria enfrentará la acusación por uso ilícito de atribuciones en libertad gracias a un amparo.
La exsecretaria de Bienestar Social de la anterior administración estatal, conocida mediáticamente como “YAC”, fue formalmente vinculada a proceso penal, la resolución se dio tras determinarse elementos suficientes que la relacionan con el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pesar de la gravedad de los señalamientos financieros que pesan en su contra, la imputada continuará su proceso legal en libertad, esto obedece a las suspensiones legales que su equipo de abogados ha logrado tramitar de forma previa ante las instancias correspondientes.
La determinación judicial representa un avance significativo dentro de las investigaciones por presunta corrupción que se siguen en la entidad, la carpeta procesal mantiene la atención pública debido a los altos montos económicos que se encuentran bajo estricta revisión.
Durante la prolongada audiencia celebrada este miércoles, la defensa de la extitular de Sebien presentó un detallado informe contable, con este documento técnico, el equipo legal de la exfuncionaria buscó desestimar categóricamente las acusaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción.
Durante su intervención ante la autoridad judicial, el abogado defensor señaló que la acusación del Ministerio Público es ambigua, oscura y sobreabundante, asimismo, apuntó que el planteamiento de los fiscales resulta contradictorio e incongruente con las pruebas reales que obran en el expediente.
La defensa de "YAC" señaló que la Fiscalía no ha demostrado que hubiera un uso ilícito en las atribuciones de su representada, manifestaron que en ningún momento se violentó de manera consciente lo establecido en la vigente Ley de Adquisiciones del Estado.
Los litigantes argumentaron que si bien ella era la titular de la secretaría, sus facultades no incluían la adjudicación directa de contratos comerciales, además, recordaron que el Comité de Compras y Operaciones, donde fungía como secretaria técnica, estaba conformado por múltiples servidores públicos.
De acuerdo con la acusación formal que hace la Fiscalía Anticorrupción, la exfuncionaria autorizó de manera ilícita diversos compromisos comerciales, se le acusa de omitir los lineamientos legales al no convocar a un proceso obligatorio de licitación pública nacional.
La imputación señala la asignación directa de cuatro contratos para la compra de 2 millones 400 mil despensas alimentarias, dichas adquisiciones pertenecían al programa “Bienestar alimentario” y representaron un desembolso al erario por la cantidad de 985.2 millones de pesos.
La defensa apuntó que en los cuatro contratos celebrados, el contratante legal es el entonces secretario de Administración, Jesús Alberto “S”, con esto, buscaron deslindar a la exsecretaria de la firma final de los controvertidos instrumentos jurídicos de compra.
Asimismo, explicaron que el Presupuesto de Egresos 2022 establece un tope de 800 mil pesos para adjudicaciones directas, pero contempla excepciones claras, detallaron que los bienes perecederos y productos básicos encuadran en estos esquemas de excepción, por lo que no existía ninguna ilicitud.
De nueva cuenta, la audiencia judicial se prolongó por varias horas con intervalos de diversos recesos fijados por la juzgadora, finalmente, la Jueza de Control, Gloria Paloma Gómez de la Cruz, dictaminó de manera oficial el auto de vinculación a proceso.
Aunque en la sesión pasada se había determinado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, "YAC" no pisará la cárcel por el momento, la exfuncionaria mantiene vigente un amparo federal que detiene temporalmente su ingreso a prisión dentro de la carpeta judicial 733/2025.
