El gobierno estatal no tiene facultades legales para decomisar autos chocolate, aunque puede coadyuvar en operativos federales si así se solicita.
El decomiso de autos chocolate en Tamaulipas es una atribución exclusiva de las autoridades federales, confirmó el secretario de Finanzas del estado, Carlos Irán Ramírez González, quien señaló que el gobierno estatal únicamente puede colaborar en operativos conjuntos cuando la Federación lo requiera, particularmente tras el fin del programa de regularización vehicular.
Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas. FOTO|Carlos García
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De acuerdo con el funcionario estatal, la responsabilidad legal del decomiso de vehículos de procedencia extranjera recae en instancias federales, principalmente en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y, de manera complementaria, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El decomiso de autos chocolate en Tamaulipas es una atribución exclusiva de las autoridades federales. FOTO|Carlos García
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Ramírez González explicó que existe un convenio de colaboración con la Federación, mediante el cual el Estado puede coadyuvar en operativos de aseguramiento de unidades irregulares, siempre que las autoridades federales soliciten formalmente dicha participación.
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La función principal del gobierno estatal se centra en el registro y control vehicular, así como en la integración de unidades legalizadas al Registro Público Vehicular (REPUVE), además de apoyar en labores de seguridad pública y vigilancia a través de corporaciones estatales y de tránsito.
Módulos del Registro Público Vehicular. FOTO|Carlos García
El secretario de Finanzas subrayó que la circulación ilegal de vehículos de procedencia extranjera constituye un delito federal, por lo que su atención y sanción corresponde exclusivamente a la Federación, incluyendo aquellos casos donde los propietarios no cumplieron con el pago de impuestos y derechos durante el periodo de regularización.
Con la conclusión del decreto de regularización el 1 de enero de 2026, la importación de vehículos usados debe realizarse conforme a las normas generales de comercio exterior, y las autoridades federales, con apoyo de los Estados, mantendrán operativos de vigilancia para evitar el ingreso y circulación de unidades irregulares.
