El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a dos magistradas de Ciudad Victoria tras otorgar un amparo que impedía la extradición del exgobernador Eugenio Hernández a Estados Unidos.
Un caso judicial que llevaba años en los tribunales volvió a encender el debate en el sistema de justicia federal. La decisión está ligada al proceso legal del exgobernador Eugenio Hernández Flores y su posible extradición a Estados Unidos.
Suspendidas dos magistradas federales en Tamaulipas. Foto / Tribunal de Disciplina Judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación determinó suspender a dos magistradas de circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de detectar presuntas irregularidades en la resolución de un amparo relacionado con la extradición del exgobernador Eugenio Hernández Flores.
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Las magistradas suspendidas son Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, quienes estaban adscritas al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del estado de Tamaulipas.
De acuerdo con la resolución del Tribunal de Disciplina, ambas habrían emitido una sentencia que concedía un amparo definitivo contra la extradición del exmandatario tamaulipeco, presuntamente mediante resoluciones que podrían ser contrarias a las constancias del expediente judicial.
El organismo disciplinario señaló que en la resolución se habrían suplido de manera indebida argumentos jurídicos del quejoso, lo que podría haber favorecido al exgobernador en la decisión final.
La sanción se derivó de una queja presentada por un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Suspendidas dos magistradas federales en Tamaulipas. Foto / Tribunal de Disciplina Judicial
El caso tiene su origen en el proceso de extradición del exgobernador Eugenio Hernández Flores, quien fue reclamado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con lavado de dinero y asociación delictuosa.
La solicitud de extradición fue autorizada originalmente en marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En ese mismo año, un juez federal negó el amparo al exmandatario, decisión que posteriormente fue impugnada por la defensa ante tribunales colegiados.
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Sin embargo, según el Tribunal de Disciplina Judicial, el juicio de amparo permaneció sin avances durante aproximadamente siete años, hasta que en diciembre de 2025 las magistradas decidieron resolver el asunto.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el expediente habría sido subido de manera inesperada a sesión del pleno, sin respetar algunos procedimientos procesales como el listado previo del asunto o la notificación correspondiente a la Fiscalía General de la República.
Durante esa sesión, las magistradas resolvieron diversos incidentes procesales y finalmente concedieron el amparo que impedía la extradición del exgobernador.
Suspendidas dos magistradas federales en Tamaulipas. Foto / Tribunal de Disciplina Judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial sostuvo que existen elementos que podrían indicar que la resolución no se ajustó plenamente a los procedimientos establecidos.
En su análisis, el organismo señaló que la decisión de extraditar a una persona corresponde principalmente al Poder Ejecutivo Federal, ya que se trata de un acto relacionado con las relaciones internacionales y los acuerdos de cooperación entre países.
Por ello, consideró que la sentencia que concedió el amparo podría haber interpretado de manera incorrecta el alcance de la opinión jurídica emitida por un juez en el proceso.
Ante estas presuntas irregularidades, el Tribunal de Disciplina determinó aplicar la suspensión de las magistradas mientras continúan las investigaciones correspondientes.
El caso ha generado atención tanto en el ámbito judicial como en el político, debido a que Eugenio Hernández Flores fue gobernador de Tamaulipas entre 2005 y 2010, periodo marcado por diversos procesos judiciales posteriores relacionados con presuntos delitos financieros.
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Las autoridades judiciales señalaron que el procedimiento disciplinario continúa en curso, por lo que será en las siguientes etapas cuando se determine si existen responsabilidades definitivas en la actuación de las magistradas.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los tribunales federales y los mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial de la Federación.
