El Pleno del Senado lamentó la muerte de seis trabajadores agrícolas en Estación Manuel, González, a manos de elementos del Ejército Mexicano.
La tragedia ocurrida en Tamaulipas, donde seis jornaleros agrícolas perdieron la vida tras un ataque perpetrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llegó hasta la máxima tribuna legislativa del país. Este 8 de octubre, el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en un gesto de solidaridad con sus familias y comunidades.
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El homenaje se realizó a petición de la senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, y contó con la anuencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, quien expresó que el Senado se une a la pena de los deudos. “Descansen en paz”, dijo la legisladora al concluir el acto solemne.
La decisión de detener la sesión para rendir homenaje refleja la gravedad del caso que ha conmocionado a Tamaulipas y al país.
Los jornaleros, que viajaban en una camioneta en la comunidad de Estación Manuel, municipio de González, fueron atacados la noche del 6 de octubre por militares que alegaron haber percibido una amenaza. El saldo fue devastador: seis hombres murieron y dos más resultaron heridos de gravedad.
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El hecho no solo evidenció un posible uso excesivo de la fuerza, sino que también encendió las alarmas sobre la actuación del Ejército en zonas donde la población civil convive diariamente con fuerzas armadas.
La legisladora Claudia Anaya destacó que este tipo de episodios no pueden pasar desapercibidos en un país donde las desapariciones y agresiones contra civiles se han convertido en un dolor constante.
La presidenta de la Mesa Directiva, Camino Farjat, expresó la solidaridad del Senado con los familiares de los jornaleros y dejó en claro que se trata de una tragedia que merece justicia.
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Si bien el minuto de silencio fue un gesto simbólico, las voces en la Cámara Alta coincidieron en que el tema debe ir más allá: es necesario esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una investigación y la propia SEDENA confirmó que los militares implicados fueron separados de sus cargos, aunque no detenidos.
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La presión social y política apunta a que este caso se convierta en un parteaguas en la discusión sobre los límites de la participación militar en tareas de seguridad pública.
