El Poder Judicial y la Fiscalía revisan casos archivados de homicidio y secuestro para evitar impunidad tras más de 15 años de rezago.
Durante años permanecieron en archivos. Hoy vuelven a abrirse. El Poder Judicial de Tamaulipas confirmó que alrededor de 800 expedientes del sistema penal tradicional serán reactivados para ejecutar órdenes de aprehensión que estaban suspendidas o no se habían cumplimentado.
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La revisión forma parte de una estrategia conjunta entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para combatir la impunidad en delitos graves que no prescriben.
La revisión forma parte de una estrategia conjunta entre el STJE. Foto / Freepik
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, explicó que los expedientes forman parte de un universo de aproximadamente tres mil asuntos del sistema penal tradicional que se encontraban archivados.
Tras un análisis jurídico y administrativo, se determinó que cerca de 800 corresponden a delitos como secuestro, homicidio doloso y otras conductas graves que, por su naturaleza, no prescriben. En muchos casos, las órdenes de aprehensión estaban suspendidas o simplemente no habían sido ejecutadas.
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El objetivo ahora es reactivar los procedimientos necesarios para que esas órdenes sean expedidas nuevamente o cumplimentadas, según corresponda.
La revisión forma parte de una estrategia conjunta entre el STJE. Foto / Freepik
La magistrada no descartó que, como resultado de la revisión, algunos exjueces puedan ser requeridos para explicar y sostener las resoluciones emitidas en su momento. Sin embargo, aclaró que el propósito central no es iniciar una cacería administrativa, sino garantizar que no haya impunidad en delitos de alto impacto.
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Ante cuestionamientos sobre si pudo existir corrupción por omisión o manejo irregular de expedientes, Contreras López señaló que la revisión responde a denuncias ciudadanas sobre posibles actos de impunidad y a la necesidad de depurar el rezago histórico.
El trabajo se realiza en coordinación directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia encargada de la ejecución de órdenes de aprehensión.
La revisión forma parte de una estrategia conjunta entre el STJE. Foto / Freepik
Ambos objetivos van de la mano. Por un lado, se pretende reducir el rezago acumulado en expedientes del sistema tradicional; por otro, enviar un mensaje claro de que los delitos graves no quedarán en el olvido.
Muchos de estos casos tienen más de 15 años, pero al tratarse de conductas que no prescriben, el Estado conserva la facultad de perseguirlos. Para las víctimas y sus familias, la reactivación representa una posibilidad de justicia que parecía lejana.
En paralelo, la magistrada también hizo un llamado a los padres de familia que atraviesan procesos de separación a acudir a los centros de mediación del Poder Judicial, especialmente ante el incremento de asuntos familiares. Subrayó que estos espacios permiten llegar a acuerdos que protejan a los menores y eviten conflictos prolongados.
