La audiencia por homicidio calificado contra siete elementos del Ejército está programada para el 11 de mayo de 2026 en Tamaulipas
Los militares relacionados con presuntos hechos a violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano entrará en una nueva etapa judicial. Siete militares procesados por la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán llevados a juicio el próximo 11 de mayo de 2026.
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La audiencia está programada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, donde se realizará la imputación formal por el delito de homicidio calificado.
Siete militares procesados por la presunta ejecución extrajudicial. Foto / Redes
Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando se difundió un video que mostró a elementos de Fuerzas Especiales del Ejército presuntamente ejecutando a cinco civiles tras una persecución en Nuevo Laredo.
Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez, quienes presuntamente eran integrantes del Cártel del Noreste.
En la grabación, que se viralizó y provocó indignación nacional e internacional, se observa cómo los civiles fueron sometidos y posteriormente privados de la vida con disparos de arma de fuego.
Además, de acuerdo con las investigaciones, después de los hechos se habría alterado la escena del crimen.
Inicialmente, 16 militares fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, solo siete fueron procesados por homicidio calificado y desobediencia.
Entre ellos se encuentra el teniente de infantería José Luis Nava Martínez, quien presuntamente estaba al mando del operativo.
Actualmente, los siete militares se encuentran en libertad condicional.
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Esto luego de que un juez federal modificara la medida cautelar de prisión preventiva al considerar que ya no existían elementos suficientes para mantenerlos recluidos.
Los últimos tres militares señalados recuperaron su libertad hace dos años, aunque continúan sujetos a proceso.
Como parte de las medidas cautelares, deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
Además, la Sedena los asignó a labores administrativas dentro del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México.
Siete militares procesados por la presunta ejecución extrajudicial. Foto / Redes
La audiencia será presidida por la jueza Flor Istlahuaca Carlos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas.
En esta etapa se formalizará la acusación por homicidio calificado, lo que podría abrir paso a una sentencia si se acredita la responsabilidad penal de los militares.
Este juicio será observado de cerca por organismos defensores de derechos humanos, colectivos de víctimas y la opinión pública.
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Porque más allá de expedientes y tecnicismos legales, este caso representa el dolor de familias enteras y el debate nacional sobre el uso de la fuerza militar.
En Nuevo Laredo, una ciudad marcada por la violencia, el caso dejó una herida abierta.
Y en México, la pregunta sigue viva: ¿habrá justicia o impunidad?
El 11 de mayo podría marcar un antes y un después en uno de los casos más delicados para las Fuerzas Armadas mexicanas.
