A casi seis años del asesinato de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, una expolicía estatal fue detenida por su probable participación en los hechos.
La masacre de Camargo volvió a la agenda pública tras la detención de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, una exintegrante de la Policía Estatal de Tamaulipas señalada por su probable participación en el homicidio de 19 personas ocurrido en enero de 2021.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la captura se realizó el lunes 26 de octubre de 2026, en la colonia Albañiles, en Altamira, mediante una orden de aprehensión emitida por una jueza de Control.
El caso conmocionó a México por la participación de elementos de seguridad estatal en la persecución y muerte de personas migrantes, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados.
Aunque 12 policías fueron condenados en 2023, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la participación de otros posibles implicados.
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Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2021, en la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo, Tamaulipas.
Las víctimas viajaban por la región fronteriza cuando fueron perseguidas por elementos de la entonces Policía Estatal, incluidos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).
Las investigaciones documentaron que las personas fueron asesinadas y sus cuerpos calcinados. El hallazgo de los restos en vehículos incendiados dio origen a una investigación penal que involucró a agentes de seguridad pública.
Entre las 19 víctimas había 16 personas guatemaltecas, una salvadoreña y dos mexicanas. El caso también puso en evidencia los riesgos que enfrentan las personas migrantes durante su tránsito por territorio mexicano.
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Berenice “N”, conocida como “La China” o “La Sheena”, fue detenida el 26 de octubre de 2026 en Altamira, durante un operativo de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
La orden judicial está relacionada con su probable participación en el homicidio calificado de las 19 víctimas. Después de su captura, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento penal.
Hasta el momento de los reportes publicados sobre su detención, la Fiscalía no había detallado públicamente cuál habría sido su función específica en los hechos ni informado sobre la fecha de su próxima audiencia. Su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
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En septiembre de 2023, 12 policías estatales recibieron sentencias condenatorias por su participación en los hechos. Once fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno, mientras que otro recibió una pena de 19 años.
Las condenas incluyeron delitos relacionados con homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, de acuerdo con los reportes judiciales.
Sin embargo, las sentencias no significaron el cierre definitivo de todas las líneas de investigación. En octubre de 2026, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que todavía había órdenes de aprehensión pendientes contra personas presuntamente relacionadas con el caso.
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En septiembre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 168VG/2024, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.
El organismo documentó violaciones graves a los derechos humanos a la vida y al proyecto de vida de las 19 víctimas, derivadas del uso ilegítimo de la fuerza pública.
También señaló afectaciones relacionadas con el interés superior de la niñez, debido a que entre las personas asesinadas había menores de edad.
La recomendación planteó medidas para atender las consecuencias de los hechos y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
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La detención de Berenice “N” representa un nuevo avance en el proceso penal, pero todavía es necesario conocer el alcance de su presunta participación y el resultado de las diligencias judiciales.
El seguimiento del caso también requiere verificar el cumplimiento de las medidas de reparación recomendadas por la CNDH y determinar si existen otros implicados que deban comparecer ante la justicia.
A casi seis años de la masacre, el caso de Camargo continúa como uno de los episodios más graves de violencia contra personas migrantes en Tamaulipas, tanto por el número de víctimas como por la participación de elementos de seguridad pública señalados en las investigaciones.
