Adriana Almaguer busca justicia en su caso de custodia; denuncia la falta de avances en su lucha contra la violencia familiar.
Desde 2022, Adriana Elizabeth Almaguer Espinosa no ha podido ver a su hijo, quien hoy está por cumplir nueve años. La separación ocurrió, asegura, luego de que su expareja se lo llevara “con engaños”, en medio de un conflicto legal que comenzó años atrás por presunta violencia familiar.
A casi cuatro años de distancia, la madre señala que, pese a existir denuncias formales y una reciente vinculación a proceso contra el padre del menor, no se han establecido reglas de convivencia ni avances sustanciales en materia familiar, lo que —afirma— vulnera sus derechos y los del niño.
De acuerdo con su testimonio, el problema comenzó en 2020, cuando interpuso una denuncia por violencia familiar y lesiones contra su expareja, Edgar Eduardo Villalar Ramírez.
Posteriormente, en 2021, presentó otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (FENAM), también por amenazas.
En abril de 2022, el padre del menor se llevó al niño, situación que derivó en nuevas actuaciones legales. Adriana sostiene que desde entonces no ha tenido contacto directo con su hijo, ni por llamadas ni mensajes.
Paralelamente, se inició un juicio de guarda y custodia, proceso que, asegura, ha estado marcado por ausencias reiteradas del demandado a audiencias y por la falta de definición de reglas de convivencia.
La madre afirma que en múltiples ocasiones el padre ha sido citado a terapias de integración familiar por parte de instancias como SECOFAM, sin que —según su versión— haya cumplido de manera constante. Mientras tanto, el proceso legal continúa sin resoluciones definitivas.
Demanda de violencia familiar | FOTO: POSTA Tamaulipas
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En febrero de este año, un juez vinculó a proceso al padre del menor por el delito de violencia familiar y lesiones, derivado de una carpeta judicializada desde 2021. Sin embargo, Adriana señala que, pese a esta resolución, en el ámbito familiar la jueza otorgó la custodia provisional al padre el pasado 29 de enero.
La madre cuestiona que, aun con antecedentes de denuncias y una vinculación a proceso, no se le hayan concedido al menos reglas de convivencia. “He solicitado de muchas maneras que se me permita ver a mi hijo. Si no es la custodia, al menos la convivencia supervisada”, expresó.
También denunció inconsistencias en el manejo de su primera carpeta de investigación. En 2024, indicó, fue informada de que el expediente estaba cerrado; meses después, le notificaron que en realidad se encontraba judicializado desde 2021. Actualmente, dijo, nuevas autoridades ministeriales le han brindado mayor atención.
Carpeta de investigación 1295/2021 | FOTO: POSTA Tamaulipas
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Adriana asegura que ha acudido a diversas instancias, incluida la escuela primaria donde estudia el menor, en busca de información académica o la posibilidad de entregar presentes. Sin embargo, señala que le han negado el acceso bajo el argumento de que existe custodia provisional a favor del padre.
Con el acompañamiento de una abogada adscrita al DIF Victoria, continúa el litigio en el ámbito familiar. La madre sostiene que ha cumplido con valoraciones psicológicas y terapias, y rechaza señalamientos sobre supuesta incapacidad para ejercer la crianza.
“Lo único que quiero es que se me haga justicia y poder ver a mi hijo”, expresó. Su historia reabre el debate sobre la actuación institucional en casos de violencia familiar, presunta retención de menores y la necesidad de garantizar procesos ágiles que prioricen el interés superior de la niñez.
Mientras el proceso continúa, Adriana mantiene la esperanza de reencontrarse con su hijo, a quien —dice— sigue esperando “al infinito y más allá”.
Adriana solo pide que se haga justicia | FOTO: Freepik
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