Una mujer de Altamira acusa a su expareja, exelemento de la Fiscalía de Tamaulipas, de incumplir durante años con la manutención de sus dos hijos, uno de ellos con autismo y discapacidad.
Treinta y tres pesos diarios por cada hijo es lo que, de acuerdo con la denuncia de una madre de familia, aporta actualmente su expareja para la manutención de sus dos menores, pese a que uno de ellos requiere atención psiquiátrica, terapias especializadas y seguimiento médico por autismo y otras condiciones.
La mujer acusa al padre, un exelemento de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), de incumplir con la pensión alimenticia y señala que, pese a haber presentado una denuncia, el procedimiento ha enfrentado diversos retrasos.
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Claudia de la Fuente Rivera relató que, tras separarse de Rehel Jorge Cabrera Villalta en septiembre de 2023 y formalizar el divorcio en febrero de 2024, comenzaron los problemas para recibir la manutención de sus hijos.
Anteriormente, el dinero se descontaba directamente del sueldo del padre mediante un embargo; sin embargo, entre mayo y junio de 2024 dejaron de llegar los depósitos debido a una incapacidad laboral prolongada del entonces elemento de la Fiscalía.
Según su testimonio, el hombre se comprometió a entregar el dinero en efectivo, pero comenzó a retrasarse hasta dejar de cumplir regularmente.
Las aportaciones disminuyeron progresivamente y, durante los últimos dos meses, llegaron a apenas 33 pesos diarios por menor. Incluso hubo periodos en los que entregaba alrededor de 15 pesos o no proporcionaba dinero.
La situación representa una mayor carga económica debido a las necesidades de uno de los niños, quien en 2024 recibió diagnósticos de retraso intelectual, trastorno del espectro autista grado 2, trastorno del procesamiento sensorial y TDAH.
La madre aseguró que ha cubierto por su cuenta los estudios, terapias y consultas especializadas, pese a solicitar al padre que aportara al menos la mitad de esos gastos.
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Ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, Claudia presentó una denuncia en febrero de 2026 ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.
Sin embargo, afirmó que la carpeta permaneció sin avances durante meses porque, cuando acudía a preguntar por el procedimiento, le informaban que no habían podido localizar al señalado para notificarlo.
La mujer decidió acudir directamente con la coordinación de la Fiscalía Especializada en Tampico para manifestar su inconformidad. Después de esa intervención, aseguró, el exagente fue notificado, rindió declaración y se programó una audiencia inicial.
En esa primera diligencia no se alcanzó un acuerdo mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias. Posteriormente, en una nueva fecha para la audiencia, el señalado no se presentó y tampoco acudió la agente del Ministerio Público responsable de la investigación.
De acuerdo con Claudia, la representante que acudió en sustitución desconocía los antecedentes de la carpeta. Mientras tanto, la defensa argumentó que su representado tenía problemas de salud, por lo que la jueza concedió un plazo para justificar su inasistencia.
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La denunciante advirtió que la reducción de las terapias de su hijo mayor ha afectado la continuidad de su tratamiento.
Explicó que los especialistas le han señalado que el menor tiene posibilidades de alcanzar una vida adulta funcional si recibe durante su infancia la atención médica y terapéutica necesaria.
También cuestionó que su expareja considere suficientes algunas compras ocasionales de juguetes, comida o pizza, pues sostuvo que esos apoyos no sustituyen la obligación de proporcionar una pensión alimenticia que garantice el desarrollo de ambos niños.
Claudia agregó que el 3 de noviembre acudió nuevamente a la Fiscalía para conocer el seguimiento de la inasistencia a la audiencia, pero aseguró que no encontró respuestas sobre el procedimiento ni avances claros.
Aunque manifestó sospechas sobre posibles relaciones personales de su expareja con trabajadores de la institución, reconoció que no cuenta con elementos para acreditar una intervención de terceros.
“Estoy desesperada porque el trato que he recibido no es el que debe recibir ninguna persona y menos una víctima”, expresó.
Finalmente, pidió a las autoridades dar seguimiento efectivo a la carpeta de investigación, esclarecer los retrasos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, particularmente por las necesidades médicas y terapéuticas de su hijo con discapacidad.
