La ley en Tamaulipas permite la interrupción legal del embarazo en casos de violación; esto se aplicó en el caso de una joven en Tampico.
Una joven de 22 años con discapacidad intelectual fue víctima de una agresión sexual en el municipio de Tampico, hecho que derivó en un embarazo detectado en una revisión médica. El caso fue reportado el pasado 5 de abril, cuando la madre de la víctima solicitó apoyo institucional tras conocer la situación.
La titular de la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento, Libby Zacil Adame Estrada, informó que desde entonces se activaron protocolos de atención integral, incluyendo acompañamiento jurídico y médico, así como la intervención de instancias especializadas para dar seguimiento al caso.
De acuerdo con la funcionaria, la denuncia se originó a partir de una llamada recibida el 5 de abril, en la que se reportó la presunta violación de la joven, quien tiene síndrome de Down. Fue su madre quien, tras una consulta médica, descubrió que su hija tenía un embarazo de aproximadamente cuatro meses.
Tras confirmar la situación, la familia solicitó apoyo para acceder a la interrupción legal del embarazo, procedimiento que se llevó a cabo conforme a lo establecido en la legislación vigente en Tamaulipas. Las autoridades brindaron acompañamiento durante todo el proceso, tanto en el ámbito médico como legal.
Adame Estrada explicó que, al tratarse de un embarazo producto de una violación, la ley permite la interrupción sin sanciones. El procedimiento ya fue realizado en un centro de salud, y actualmente la joven continúa bajo seguimiento institucional.
Libby Zacil Adame Estrada, directora de Atención a la Mujer del Ayuntamiento | FOTO: Axel Hassel
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El Código Penal del Estado de Tamaulipas, en el artículo 361, no contempla sanciones de responsabilidad penal en casos de aborto, específicamente cuando el embarazo es resultado de una violación. En este contexto, la intervención médica realizada se encuentra dentro del marco legal.
Las autoridades destacaron que estos protocolos buscan salvaguardar los derechos de las víctimas, especialmente en situaciones donde existen condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de personas con discapacidad intelectual.
La joven ya contaba con 4 meses de embarazo | FOTO: Magnific
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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (FENNAM), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, la víctima no ha podido identificar directamente al agresor.
Debido a esta situación, la Dirección de Atención a la Mujer gestiona la incorporación de especialistas que permitan recabar el testimonio en condiciones adecuadas. Entre ellos, se contempla la participación de un perito en lenguaje de señas y un psicólogo con experiencia en personas con síndrome de Down.
Las autoridades subrayaron que este tipo de casos requieren un tratamiento sensible y especializado, por lo que el proceso de investigación continuará con enfoque integral, garantizando el respeto a los derechos humanos de la víctima y buscando esclarecer los hechos.
El embarazo fue interrumpido | FOTO: Magnific
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