Pese a la asignación de presupuestos federales destinados a la rehabilitación de unidades médicas, residentes de la colonia Emilio Portes Gil en Ciudad Victoria denuncian graves deficiencias, falta de insumos básicos y presuntos actos de acoso laboral en la Unidad de Salud IMSS Bienestar 01
El programa federal "La Clínica es Nuestra" fue concebido para que las propias comunidades, organizadas en comités de salud, administraran recursos directos en el mantenimiento, equipamiento y dignificación de las unidades de primer nivel. Sin embargo, en el Centro de Salud No. 1 de la colonia Emilio Portes Gil, en la capital tamaulipeca, la narrativa oficial choca de frente con la realidad que enfrentan diariamente pacientes y trabajadores.
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Un reporte ciudadano ha dejado al descubierto un escenario de simulación donde los fondos públicos parecen haberse diluido en reparaciones cosméticas, dejando intactas las carencias estructurales. Luego de esto, la indignación comunitaria escaló tras documentarse las precarias condiciones en las que se brinda la atención médica.
Lejos de contar con un espacio funcional y seguro, la clínica presenta un deterioro sistemático que compromete la higiene y la efectividad de los servicios. La disparidad entre el presupuesto asignado y el estado físico del inmueble ha encendido las alarmas de los vecinos, quienes cuestionan abiertamente la transparencia en la ejecución de los recursos y la falta de supervisión por parte de las autoridades sanitarias.
Un reporte ciudadano ha dejado al descubierto un escenario de simulación donde los fondos públicos. Foto / Redes
Entre las anomalías más graves reportadas por los usuarios destaca la interrupción recurrente de servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica. En diversas ocasiones, el personal médico y de enfermería se ha visto obligado a brindar consulta e interacciones clínicas en penumbras, utilizando la linterna de sus teléfonos móviles por instrucción de la administración del centro.
A esto se suma el colapso de la red de tuberías y la falta de mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado, los cuales presentan fugas constantes que generan filtraciones de agua sobre las paredes de los consultorios.
La falta de insumos llega al extremo de que los propios trabajadores deben acarrear cubetas con agua para realizar tareas fundamentales de sanidad, como el lavado de manos antes de examinar a un paciente o el uso de los sanitarios.
Estas condiciones no solo vulneran los derechos laborales del personal de salud, sino que exponen a la población a riesgos epidemiológicos y de contaminación cruzada en un entorno que debería garantizar la máxima higiene.
Un reporte ciudadano ha dejado al descubierto un escenario de simulación donde los fondos públicos. Foto / Redes
El abandono de la infraestructura representa además un peligro físico directo para quienes acuden a la clínica. La acumulación de humedad en techos y muros amenaza la estabilidad de los espacios, mientras que el deterioro de la cerrajería en los sanitarios ha provocado que usuarios —entre ellos menores de edad— queden atrapados por periodos prolongados.
La falta de higiene en estas áreas y la escasez de instrumental médico básico reducen la capacidad operativa de la unidad a lo más mínimo.
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A este panorama de infraestructura fallida se añade una denuncia sobre el uso de los sistemas de vigilancia. De acuerdo con los testimonios reunidos, se instalaron cámaras con circuito de audio en áreas sensibles como pasillos adyacentes a los baños y zonas de primer contacto a cargo de enfermería.
Lejos de cumplir una función de resguardo para los pacientes o el patrimonio de la institución, dichos dispositivos habrían sido utilizados por la encargada del recinto como una herramienta de supervisión punitiva y acoso permanente hacia el personal operativo.
Un reporte ciudadano ha dejado al descubierto un escenario de simulación donde los fondos públicos. Foto / Redes
Frente al contraste con otros centros de salud de la red IMSS Bienestar donde sí se aprecian avances significativos, los habitantes de la colonia Portes Gil exigen la intervención inmediata de los órganos de fiscalización.
La petición central de la comunidad es la ejecución de una auditoría exhaustiva que determine el destino final de la partida económica otorgada a través del Comité de Salud y Bienestar (COSABI) local.
La ciudadanía apela a que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades administrativas o legales correspondientes y apliquen las medidas correctivas necesarias.
La salud pública en los sectores populares de Ciudad Victoria no puede operar bajo esquemas de improvisación ni negligencia; garantizar instalaciones dignas, agua potable, equipo funcional y un trato respetuoso al personal médico es una obligación institucional inevitable.
Un reporte ciudadano ha dejado al descubierto un escenario de simulación donde los fondos públicos. Foto / Redes
