Ambas empresas públicas promovieron amparos contra el impuesto al carbono desde 2024 y sus recursos legales siguen sin resolverse.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumulan casi tres años sin pagar el impuesto al carbono en Tamaulipas, luego de promover amparos contra este gravamen estatal en 2024.
Los recursos legales continúan en trámite y forman parte de alrededor de 19 juicios promovidos por empresas públicas y privadas, mientras el gobierno estatal reporta una recaudación superior a los 120 millones de pesos.
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Las dos empresas públicas recurrieron a la vía legal desde que la actual administración estatal comenzó a cobrar el impuesto al carbono en 2024. Sin embargo, hasta noviembre de 2026, sus amparos todavía no cuentan con una resolución definitiva.
Humberto Calderón Zúñiga, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), confirmó que alrededor de 19 empresas públicas y privadas mantienen recursos legales contra este gravamen.
El funcionario explicó que no es posible determinar cuánto dinero han dejado de aportar las compañías amparadas, debido a que el cálculo depende de las declaraciones de emisiones contaminantes que cada contribuyente debe presentar ante las autoridades.
Señaló que, al tratarse de un impuesto relativamente nuevo, algunas empresas podrían tener dudas sobre su fundamento, los procedimientos de cálculo y la determinación de los montos correspondientes.
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De un universo aproximado de 40 compañías sujetas a este gravamen, solamente entre 11 y 12 realizan actualmente sus pagos, por lo que una parte importante de los contribuyentes todavía no aporta recursos por sus emisiones contaminantes.
Pese a esta situación, la recaudación correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ya superó los 120 millones de pesos. La Seduma estima alcanzar los 150 millones de pesos al cierre de 2026, por encima de la meta prevista.
Calderón Zúñiga detalló que durante el ejercicio anterior se obtuvieron alrededor de 100 millones de pesos correspondientes a 2024 y que la incorporación de nuevos contribuyentes ha permitido incrementar los ingresos.
El funcionario sostuvo que las empresas tienen derecho a recurrir a los tribunales cuando consideran que existen dudas sobre el gravamen, mientras las áreas jurídicas del gobierno estatal atienden los procedimientos con la expectativa de obtener resoluciones favorables.
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El dinero recaudado por el impuesto al carbono se concentra en un fideicomiso ambiental, cuyos recursos están destinados exclusivamente a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Entre las acciones que pueden financiarse se encuentran programas de eficiencia energética, modernización de equipos de bombeo y luminarias, investigación, reforestación y atención de emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos.
También se contempla el apoyo ante inundaciones y afectaciones al sector agropecuario, como parte de las medidas para reducir los efectos del cambio climático en Tamaulipas.
Laguna La Escondida en Reynosa. FOTO | Carlos García
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El gravamen también tiene implicaciones para la competitividad industrial, particularmente ante las nuevas reglas ambientales que comienzan a aplicarse en los mercados internacionales.
Calderón Zúñiga explicó que la Unión Europea cuenta con un mecanismo de ajuste fronterizo de carbono que busca incorporar el costo de las emisiones generadas durante la fabricación de determinados productos importados.
Esto significa que las empresas pueden acreditar el precio al carbono que ya pagaron en sus países de origen; de lo contrario, los importadores podrían tener que cubrir la diferencia al ingresar sus productos al mercado europeo.
En este escenario, Tamaulipas enfrenta el desafío de fortalecer la aplicación del impuesto al carbono y avanzar hacia una industria con menores emisiones, especialmente en el sur del estado, donde se concentra la mayor actividad industrial y también una parte importante de la contaminación de la entidad.
