La Comisión Especial del Congreso de Tamaulipas votó reabrir las cuentas de 2017-2018 para investigar desvíos mayores a 343 millones de pesos.
El Congreso de Tamaulipas, a través de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de Presuntos Hechos de Corrupción en la Secretaría de Salud, aprobó reabrir las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 correspondientes al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
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Diputados de Morena, PT y MC argumentan que las auditorías previas fueron superficiales y están relacionadas con pagos irregulares que podrían haber dañado al erario local.
Treinta y seis diputados votaron a favor de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una nueva revisión, luego de que se señalara un presunto quebranto de al menos 343 millones 966 mil pesos en contratos adjudicados directamente para mantenimiento hospitalario, compra de insumos y servicios legales. Se acusa que empresas vinculadas con los hermanos Carmona Angulo fueron las beneficiarias.
De la investigación se desprende que durante esos años se realizaron adjudicaciones directas sin comprobar la urgencia, sin expediente en comités de compras, contratos incompletos o no firmados.
Empresas relacionadas con los Carmona Angulo recibieron contratos de mantenimiento para hospitales y otros servicios básicos. Se señala también la falta de transparencia en los expedientes, lo que impidió una auditoría exhaustiva.
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Además, diputados aseguran que el auditor anterior tenía vínculo cercano al entonces gobernador García Cabeza de Vaca, lo que pudo haber influido en la calidez de las revisiones iniciales. Por ello, el nuevo acuerdo aprobado busca independencia y rigor en la revisión.
El objetivo central es presentar una denuncia formal ante la ASE, para que se realicen revisiones completas, se determinen responsabilidades y se establezcan medidas correctivas y preventivas que eviten la repetición de prácticas que podrían dañar el patrimonio público y la confianza ciudadana.
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También se pretende que se revisen los pagos millonarios realizados a despachos jurídicos como los de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, que supuestamente defendieron al exgobernador en cuestiones legales personales, usando fondos estatales. Se habla de alrededor de 46.3 millones de pesos destinados a esos servicios.
Uno de los principales obstáculos es el tiempo: revisar cuentas públicas pasadas requiere recopilar documentos que muchas veces están incompletos o no disponibles, y enfrentar posibles barreras legales generadas por omisiones anteriores.
Además, la ASE ha dicho que las revisiones previas no detectaron observaciones directas en todos los ejercicios fiscales, lo que complica la imputación de responsabilidades.
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También existe resistencia política; el PAN votó en contra de algunas de estas medidas, argumentando que algunas revisiones son extemporáneas o que los señalamientos provienen de auditorías que ya fueron resueltas.
