Luis Miguel Garduño, cercano al alcalde Alberto Granados, confesó ante la DEA su participación en el tráfico de droga.
Un escándalo de implicaciones federales ha sacudido la estructura política de Matamoros tras confirmarse la captura en Texas de Luis Miguel Garduño, funcionario municipal estrechamente vinculado al equipo de Alberto "Beto" Granados, presidente municipal de Matamoros.
La detención fue efectuada por agentes estadounidenses, cuando el servidor público transportaba con un cargamento de sustancias prohibidas, lo que desató una crisis de imagen para la actual administración municipal.
Garduño no era un desconocido en el ámbito público; su cercanía con las figuras de poder en Matamoros lo colocaba en una posición de confianza que hoy se ve empañada por graves cargos criminales en los Estados Unidos.
El hecho ha generado una ola de reacciones en Tamaulipas, donde la ciudadanía exige transparencia total sobre los perfiles que integran las dependencias del Ayuntamiento y la posible infiltración de actividades ilícitas en el servicio público.
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De acuerdo con los reportes de las agencias de seguridad en Texas, Luis Miguel Garduño fue interceptado en posesión de aproximadamente 11 kilogramos de cocaína.
De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito Sur con sede en Corpus Christi, la detención ocurrió el pasado 5 de abril a las 9:27 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre y esa ciudad.
Tras el descubrimiento del cargamento, que se encontraba oculto en la unidad que conducía, el funcionario fue puesto bajo custodia inmediata, las autoridades federales norteamericanas procedieron al decomiso de la droga y del vehículo involucrado.
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Fuentes judiciales en los Estados Unidos revelaron que, tras su detención, Luis Miguel Garduño compareció ante agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para rendir su declaración inicial. En un giro inesperado, el funcionario habría confesado su participación directa en el trasiego de estupefacientes. Esta admisión de culpabilidad complica significativamente su situación jurídica y abre la puerta a investigaciones más profundas sobre sus vínculos.
La cercanía documentada entre Garduño y el actual alcalde Alberto Granados ha puesto a este último bajo los reflectores de la opinión pública. El detenido era considerado una pieza operativa importante dentro del círculo de confianza del edil morenista. Aunque se espera un posicionamiento oficial, el impacto en la percepción ciudadana es severo. Los cuestionamientos sobre la falta de filtros y la integridad de los colaboradores cercanos a Granados son ahora el tema central en la agenda política regional.
Al tratarse de tráfico de cocaína en cantidades industriales, los cargos federales son catalogados como graves. De ser hallado culpable, Garduño podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años de prisión y multas que alcanzan los millones de dólares. El proceso judicial continuará en una corte de distrito en Texas, donde se determinará si la confesión del funcionario llevará a la delación de otros involucrados, lo que podría desatar más detenciones en ambos lados de la frontera.
