La SCJN invalidó por unanimidad el decreto porque fue publicado dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral 2026-2027
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral de Tamaulipas que impedía acceder a candidaturas municipales a personas vinculadas a proceso sujetas a prisión preventiva o que hubieran sido condenadas por delitos dolosos.
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La decisión fue tomada por unanimidad a solo tres días del inicio del proceso electoral 2026-2027 en Tamaulipas. Sin embargo, la Corte no determinó si esas restricciones eran constitucionales o no, sino que anuló completamente el decreto debido al momento en que fue aprobado y publicado.
La decisión fue tomada por unanimidad a solo dos días del inicio del proceso electoral. Foto / INE
El Pleno invalidó el Decreto 66-1146 del Congreso de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 1 de julio, es decir, 74 días antes del arranque del proceso electoral previsto para este domingo.
Bajo el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, la Corte consideró que existió una violación a la prohibición establecida en el artículo 105 de la Constitución federal, que impide realizar modificaciones legales fundamentales en materia electoral durante los 90 días anteriores al inicio de un proceso electoral.
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La irregularidad fue considerada suficiente para invalidar la totalidad del decreto, por lo que el máximo tribunal del país no necesitó pronunciarse sobre el contenido de las restricciones establecidas por el Congreso tamaulipeco.
La decisión fue tomada por unanimidad a solo dos días del inicio del proceso electoral. Foto / SCJN
La modificación establecía restricciones para que personas vinculadas a proceso con prisión preventiva o condenadas por delitos dolosos pudieran ser postuladas para determinados cargos municipales en Tamaulipas.
La reforma fue impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por PT, PAN, PRI y SOMOS, cuyos representantes argumentaron afectaciones al derecho a ser votado, debido proceso, autonomía municipal, división de poderes y reinserción social.
No obstante, la SCJN únicamente analizó el argumento relacionado con la veda constitucional de 90 días y determinó que esa violación era suficiente para echar abajo el decreto completo, sin resolver de fondo si impedir esas candidaturas vulneraba derechos constitucionales.
La decisión fue tomada por unanimidad a solo dos días del inicio del proceso electoral. Foto / INE
La Suprema Corte también determinó que no recobrarán vigencia las disposiciones anteriores del Código Municipal de Tamaulipas, debido a que también habían sido objeto de otra acción de inconstitucionalidad y su constitucionalidad quedó sin resolver.
Los ministros consideraron que recuperar esas disposiciones podría generar incertidumbre a unos días del inicio del proceso electoral, pero descartaron que la decisión provoque un vacío legal para organizar los próximos comicios.
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La Corte concluyó que los artículos 35, 38 y 115 de la Constitución federal, junto con la legislación local vigente, proporcionan un marco jurídico suficiente para el desarrollo del proceso electoral 2026-2027 en Tamaulipas.
