La decisión responde a las directrices emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, orientadas a erradicar este modelo disciplinario en el país.
El titular de la dependencia educativa en el estado señaló que existe pleno acuerdo entre la administración estatal y la federación para proceder con el cierre de estos planteles.
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El objetivo prioritario es proteger la integridad de los menores y garantizar que la enseñanza se imparta bajo entornos normativos que respeten los derechos humanos y la dignidad estudiantil.
El objetivo prioritario es proteger la integridad de los menores. Foto / Redes
El funcionario estatal detalló que todas las academias e instituciones con modelo militarizado identificadas en la entidad deberán cesar de inmediato sus actividades bajo dicho esquema.
Entre los planteles que ya han sido notificados o revisados se encuentran instalaciones ubicadas en municipios clave como Reynosa y Altamira, además de verificarse casos reportados en zonas como Matamoros.
Las autoridades entablaron diálogo con los directivos de dichos planteles para condicionar su permanencia a la eliminación total de la instrucción castrense.
Aquellas instituciones que deseen continuar prestando servicio deberán migrar obligatoriamente hacia el sistema de educación regular, mientras que las que mantengan prácticas militarizadas quedarán definitivamente clausuradas por la autoridad.
El objetivo prioritario es proteger la integridad de los menores. Foto / Redes
Durante la declaración, se precisó que este tipo de instituciones operaba en un limbo jurídico desde 2008, año en que la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de regularlas.
A partir de ese momento, la Secretaría de Educación Pública tampoco asumió una competencia legal explícita sobre la disciplina militarizada, lo que generó un vacío normativo aprovechado por particulares en todo el país.
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Aunque muchos de estos planteles contaban con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para impartir clases tradicionales, utilizaban la figura de academias o campamentos para aplicar adiestramientos severos sin supervisión de ninguna autoridad.
Con la postura oficial fijada, este vacío legal queda resuelto para impedir que continúen operando al margen de la ley.
El objetivo prioritario es proteger la integridad de los menores. Foto / Redes
Respecto a las investigaciones iniciadas por presuntos abusos o incidentes en campamentos privados y colegios militarizados, la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó que se mantiene en total colaboración con la Fiscalía General del Estado.
La dependencia aclaró que esperó a los primeros avances de la fiscalía para actuar administrativamente sin entorpecer el proceso penal.
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Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de entregar cualquier expediente o información requerida por los investigadores para deslindar responsabilidades.
Se enfatizó que no se tolerará ningún acto que atente contra los jóvenes y que la postura del gobierno estatal es de cero impunidad ante los abusos cometidos bajo la fachada de disciplinas militares.
El objetivo prioritario es proteger la integridad de los menores. Foto / Redes
Además del cierre de las escuelas militarizadas, el titular de educación reveló que se trabaja junto al Congreso del Estado de Tamaulipas para crear un marco legal que regule los campamentos de verano e internados.
Actualmente, este tipo de actividades extracurriculares no cuenta con una normativa clara que determine qué autoridad debe supervisar su correcto funcionamiento.
La iniciativa busca auditar y regular los cursos que se ofrecen en clubes deportivos, hoteles, asociaciones civiles como el Pentatlón e incluso en domicilios particulares.
Con este nuevo control legal, se busca evitar que academias clandestinas o campamentos sin certificación utilicen esquemas de entrenamiento físico de alto riesgo con los menores de edad.
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Para consolidar la ruta de clausura y reordenamiento, los titulares de educación de las 32 entidades federativas sostendrán reuniones de trabajo con la Secretaría de Educación Pública.
En estas mesas se definirán los protocolos para canalizar a los alumnos de los planteles clausurados hacia escuelas públicas o privadas que cumplan con el plan formativo regular.
Con la clausura definitiva de las escuelas militarizadas, el estado busca sentar un precedente en la protección de la infancia y en el control estricto de los servicios educativos.
