A cinco años de la masacre de 19 migrantes en Camargo, las familias enfrentan el abandono institucional: hay sentencias, pero no reparación integral ni disculpa pública.
El 23 de enero de 2021, el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, sacudió a México y Centroamérica.
Las víctimas —16 guatemaltecas y un salvadoreño, además de dos personas aún sin plena claridad inicial— habían emprendido el camino migrante con la esperanza de una vida mejor y terminaron convertidas en símbolo del horror que enfrentan miles de personas en tránsito por el país.
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La indignación internacional obligó a una respuesta inmediata. En marzo de ese mismo año, los gobiernos de México y Guatemala crearon el Mecanismo de Acompañamiento Binacional, con el objetivo de coadyuvar en la investigación y facilitar la repatriación de los cuerpos.
Sin embargo, una vez que los restos regresaron a sus comunidades de origen, las familias quedaron prácticamente solas, enfrentando un proceso largo, doloroso y lleno de silencios institucionales.
A 4 años de la tragedia. Foto / Fundación para la Justicia
Tras un proceso inédito de articulación transnacional, en el que las familias guatemaltecas participaron en el juicio oral desde sus comunidades, el 30 de octubre de 2023 se dictó sentencia contra 12 policías de Tamaulipas, ocho de ellos integrantes del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). Fueron condenados por la muerte de las 19 víctimas.
Para los familiares, la sentencia representó un paso importante, pero insuficiente. El fallo no esclareció el motivo de la persecución, ni quién dio la orden, ni la red de corrupción, intereses y estructuras criminales detrás del crimen. La verdad quedó fragmentada.
A 4 años de la tragedia. Foto / Fundación para la Justicia
Aunque el caso fue investigado y judicializado a nivel estatal, la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especial para Delitos contra Personas Migrantes, también había sido requerida por la dimensión masiva, transnacional y macrocriminal del hecho. Sin embargo, recientemente notificó el cierre del caso, una decisión que para las familias representa un nuevo golpe.
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No solo falta verdad completa. No ha habido reparación integral, ni atención psicológica continua, ni compensación económica, ni una disculpa pública del Estado mexicano.
A 4 años de la tragedia. Foto / Fundación para la Justicia
La Recomendación 168VG/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue clara: las familias tienen derecho a atención médica, psicológica y tanatológica especializada, compensación económica, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Aunque las autoridades aceptaron la recomendación, ninguna de estas medidas se ha cumplido.
Esto contrasta con lo dicho desde 2021 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien aseguró que se repararía el daño para ayudar a reconstruir proyectos de vida, conforme a estándares internacionales. Cinco años después, esas palabras siguen sin traducirse en hechos.
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Las madres, padres, hermanos e hijos huérfanos, acompañados por organizaciones como la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, exigen cuatro puntos centrales:
la reparación integral inmediata, la coordinación efectiva entre México y Guatemala, una disculpa pública del Estado mexicano y la reactivación del Mecanismo de Acompañamiento Binacional para esclarecer completamente los hechos.
