La absolución de nueve elementos de la Marina reavivó el dolor de familias que, siete años después, continúan buscando a sus desaparecidos.
El caso de desapariciones forzadas presuntamente vinculadas a elementos de la Marina volvió al centro de la discusión nacional tras la absolución de nueve marinos acusados por estos hechos ocurridos en 2018.
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La decisión judicial provocó indignación entre colectivos, familiares de víctimas y organismos defensores de derechos humanos que aseguran que la justicia sigue sin llegar.
Graves desapariciones forzadas en Tamaulipas. Foto / Marina de México
De acuerdo con la información documentada por organismos de derechos humanos, el caso se remonta al despliegue de 257 elementos navales de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en Nuevo Laredo a partir de diciembre de 2017.
La operación tenía como objetivo combatir a grupos delictivos en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León; sin embargo, meses después comenzaron a registrarse denuncias de desapariciones en distintos sectores de Nuevo Laredo.
Entre febrero y mayo de 2018, familias denunciaron detenciones arbitrarias de jóvenes y adultos que posteriormente nunca regresaron a casa.
Las víctimas, según la investigación, fueron privadas de la libertad sin órdenes judiciales y en muchos casos mediante operativos realizados por hombres armados con uniformes de Marina y el rostro cubierto.
Con el paso del tiempo, madres, padres y hermanos comenzaron una búsqueda desesperada en hospitales, funerarias y bases militares sin obtener respuestas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos integró 17 expedientes derivados de las denuncias presentadas por familiares de personas desaparecidas.
Posteriormente, trece víctimas fueron encontradas sin vida en brechas de Nuevo Laredo y en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, con huellas de violencia y tortura.
Graves desapariciones forzadas en Tamaulipas. Foto / Marina de México
La polémica resurgió este 11 de mayo luego de que un juez federal absolviera a nueve elementos de la Marina relacionados con el caso.
Con esta decisión, ninguno de los 30 marinos detenidos en 2021 permanece actualmente en prisión, situación que generó fuerte molestia entre familiares de las víctimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó incluso al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juez que emitió el fallo absolutorio.
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Para las familias, la noticia representó un golpe devastador.
Muchas madres buscadoras aseguran que el caso se ha convertido en símbolo de impunidad y abandono institucional.
En protestas realizadas frente a Palacio Nacional, familiares señalaron que las investigaciones estuvieron marcadas por deficiencias y que las carpetas de investigación fueron integradas de manera deficiente.
Además, denunciaron que ninguna de las víctimas ha recibido reparación integral del daño pese a que los hechos fueron reconocidos como violaciones graves a derechos humanos.
Graves desapariciones forzadas en Tamaulipas. Foto / Marina de México
Aunque la Secretaría de Marina aceptó en 2020 la recomendación emitida por la CNDH e incluso ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias, el dolor continúa presente.
En noviembre de 2025, familiares aseguraron que al menos 32 personas seguían sin ser localizadas, siete años después de los hechos.
Las madres buscadoras continúan recorriendo oficinas, protestando y exigiendo reuniones con autoridades federales para evitar que el caso quede en el olvido.
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Para muchas de ellas, cada absolución representa una nueva herida.
No solo buscan castigo para los responsables; buscan saber qué pasó con sus hijos, dónde están y por qué desaparecieron.
El caso de Nuevo Laredo se convirtió en uno de los episodios más delicados relacionados con desaparición forzada y fuerzas federales en México.
Hoy, mientras las familias siguen esperando respuestas, el expediente vuelve a recordar una realidad que continúa doliendo en Tamaulipas: la de personas desaparecidas cuyos nombres aún siguen siendo buscados entre expedientes, protestas y años de incertidumbre.
