Familia del detenido señala irregularidades y montajes de la Fiscalía de Tamaulipas en la audiencia.
Afuera de la Fiscalía de Tamaulipas, Jesús Adrián Galván, padre del hoy detenido Fernando "N", rompió el silencio sobre la situación jurídica de su hijo.
Sostiene que la detención es un montaje para calmar la presión social tras los ataques ocurridos en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
El padre afirma que su hijo es inocente y que las autoridades están utilizando antecedentes penales previos para incriminarlo injustamente en este nuevo caso.
Según su testimonio, Fernando ya se había rehabilitado y se encontraba trabajando de manera honesta antes de esta nueva intervención. Jesús Adrián Galván dio su versión, pidiendo que no se implante una justicia sobrepuesta, relató que su hijo ya cumplió una sentencia previa por una acusación del pasado y que actualmente buscaba reintegrarse a la sociedad de forma productiva.
El padre señala que la única relación es la cercanía de su casa, ubicada a dos cuadras del hospital, lo que explica que aparezca en cámaras de la calle Laurel.
Sin embargo, sostiene que los rasgos físicos de su hijo no coinciden con los videos del agresor captados dentro del edificio.
El padre destaca que Fernando tiene un tatuaje de un triángulo en la mano izquierda, marca que no posee la persona identificada en las grabaciones oficiales. Para la familia, este detalle es una prueba contundente de que la Fiscalía tiene al hombre equivocado bajo su custodia legal.
Además, mencionó que su hijo no conoce sustancias químicas ni tiene conocimientos médicos para haber perpetrado el ataque como se describe.
Insistió en que los videos del hospital deben ser analizados con mayor rigor para evitar sentenciar a un inocente por desesperación.
El entrevistado relató que el 3 de marzo elementos de la FENAM irrumpieron en su hogar de forma violenta, rompiendo puertas y encañonando a sus hijos menores.
Denunció que estas acciones se realizaron bajo el falso argumento de investigar un reporte de maltrato infantil inexistente.
Tras este evento, Fernando desapareció por miedo, lo que llevó al padre a solicitar una ficha de búsqueda oficial ante las autoridades estatales.
Aclara que no usó este recurso para proteger a un culpable, sino porque realmente desconocía el paradero de su hijo. Jesús Adrián criticó que la policía lo engañara diciendo que solo buscaban proteger a los niños, cuando en realidad estaban cercando a Fernando.
Señaló que el trauma psicológico causado a sus hijos de 13 y 15 años es una muestra del mal actuar policial.
La familia denunció que fueron notificados de la audiencia inicial apenas diez minutos antes de comenzar, impidiendo la llegada de su abogado de confianza.
Jesús Adrián solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para presentar una defensa técnica adecuada y justa.
Además, el padre asegura que a su hijo le "plantaron" vestimenta similar a la del video, pues al ser retenido vestía mezclilla y no un pants.
Teme que la Fiscalía esté alterando la apariencia física del detenido para forzar una coincidencia visual ante la opinión pública.
Incluso mencionó que en algunas fotografías oficiales su hijo aparece sin camisa, lo cual considera una falta de respeto al proceso.
La familia espera que el juez de control valore estas inconsistencias y no se deje llevar por la narrativa de la fiscalía.
La exigencia es una investigación transparente que llegue al fondo de los hechos sin fabricar culpables solo por dar resultados mediáticos rápidos.
El padre de Fernando hace un llamado directo al Fiscal para que supervise el actuar de los agentes involucrados en el caso.
"Queremos justicia de verdad, no una justicia implantada para tapar un pozo", sentenció el padre, quien teme que el verdadero agresor siga libre.
La familia confía en que las pruebas de descargo serán suficientes para demostrar que Fernando no es el atacante.
Finalmente, pidió a la sociedad y a los colectivos no juzgar sin conocer la realidad de los hechos y las pruebas físicas. Aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar el nombre de su hijo y exigir que se detenga al verdadero culpable.
El caso tomó notoriedad pública luego de que una médica residente del hospital denunciara públicamente que ella y otra compañera habrían sido víctimas de una agresión sexual dentro de las instalaciones del nosocomio el pasado 30 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el testimonio difundido por la propia médica, el agresor habría ingresado al hospital durante la madrugada, donde presuntamente cometió la agresión contra las dos residentes.
La denuncia pública generó una fuerte reacción social y mediática, además de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad dentro del hospital.
