La ex secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas YAC es investigada por un supuesto quebranto al erario por 985.2 millones de pesos.
La ex secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, identificada por sus iniciales “YAC”, enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de presuntas irregularidades en la compra de despensas durante su gestión al frente de la dependencia estatal.
La acusación forma parte de la carpeta de investigación 733/2025 y señala un presunto daño al erario por 985.2 millones de pesos, motivo por el que recientemente una jueza de control le dictó prisión preventiva justificada, aunque un amparo vigente le permitirá continuar el proceso en libertad.
FOTO | Carlos García
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La Fiscalía Anticorrupción investiga a la exfuncionaria por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante su administración se habrían cometido irregularidades en la adquisición de despensas, generando un presunto quebranto patrimonial de 985.2 millones de pesos.
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La jueza de control Gloria Gómez determinó imponer la medida cautelar al considerar que existían antecedentes de inasistencia de la imputada a cinco audiencias previas, en las que argumentó problemas de salud.
Asimismo, la exfuncionaria compareció en otra audiencia sin representación legal, circunstancias que fueron valoradas por la autoridad judicial para decretar la prisión preventiva justificada.
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Pese a la medida cautelar, la exfuncionaria no ingresará de manera inmediata a un centro penitenciario debido a que cuenta con un amparo vigente que le permite enfrentar el proceso en libertad.
La defensa también solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas en su favor, petición que fue concedida por la jueza.
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La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 1 de julio a las 13:00 horas. En esa sesión, la jueza resolverá si la ex secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas es vinculada o no a proceso por el delito que se le imputa.
Además, se determinó que la comparecencia deberá realizarse de manera presencial, luego de que la autoridad negara la posibilidad de celebrar la audiencia a través de videoconferencia.
