El paro nacional de transportistas en Tamaulipas busca soluciones a la inseguridad en carreteras y extorsiones; se realizará el 26 de octubre de 2026.
Socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tamaulipas anunciaron que participarán en el paro nacional de unidades previsto para el lunes 26 de octubre de 2026, como medida de presión para exigir soluciones ante la inseguridad en carreteras, las extorsiones, los cobros excesivos y los altos costos de operación que enfrenta el sector.
Armando Yussef Martínez Saleh, representante de Canacar en el sur de Tamaulipas, señaló que los transportistas consideran insuficientes las respuestas recibidas hasta ahora y buscan que las autoridades federales atiendan sus demandas con medidas concretas.
La movilización también contará con la participación de transportistas de la frontera tamaulipeca, de acuerdo con Abraham Sosa Ruiz, delegado de la organización en Reynosa. Los integrantes del sector buscan visibilizar las dificultades que enfrentan los operadores y las empresas dedicadas al traslado de mercancías.
La protesta, anunciada por tiempo indefinido, pretende obtener una respuesta formal y satisfactoria de las autoridades. Su duración efectiva y el alcance de las posibles afectaciones dependerán del desarrollo de la movilización y de las decisiones que tomen los participantes.
Transportistas exigen a las autoridades| FOTO: CANACAR Nuevo Laredo
Los integrantes de Canacar plantean una serie de medidas para mejorar las condiciones en las que circulan las unidades de carga y reducir los riesgos para los conductores.
Una de sus principales peticiones consiste en reforzar la presencia de las autoridades en los corredores carreteros considerados de mayor riesgo, además de establecer mesas de trabajo con gobiernos estatales y municipales para atender incidentes de inseguridad.
También solicitan una supervisión más estricta de los retenes, con el objetivo de prevenir presuntas extorsiones y detenciones que consideran injustificadas. Estas denuncias forman parte de los señalamientos del sector y requieren atención e investigación por parte de las autoridades competentes.
Otro punto relevante es la regulación de los servicios de grúas y corralones estatales y municipales. Los transportistas cuestionan los costos que, según sus representantes, pueden alcanzar niveles excesivos, así como las retenciones prolongadas de vehículos que dificultan la continuidad de las operaciones comerciales.
En materia de infraestructura, demandan mejores condiciones en las carreteras, debido a que el deterioro de las vías puede aumentar los riesgos de circulación, los tiempos de traslado y los gastos de mantenimiento de las unidades.
La seguridad en las carreteras constituye una de las principales preocupaciones expresadas por los transportistas que anunciaron su participación en el paro. Para las empresas de carga, los riesgos no se limitan a la pérdida de mercancías o vehículos, sino que también pueden afectar la integridad física de los conductores y la continuidad de los servicios contratados.
En Tamaulipas, la actividad del autotransporte tiene relevancia por el movimiento de mercancías entre centros industriales, zonas comerciales, ciudades fronterizas y puntos de conexión con el mercado estadounidense. Los retrasos o incidentes en estos recorridos pueden repercutir en cadenas de suministro que dependen de entregas oportunas.
Canacar plantea incrementar la vigilancia en las rutas de mayor riesgo y promover mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
La propuesta de instalar mesas de seguridad busca generar espacios de diálogo en los que puedan revisarse las denuncias de los operadores, identificar puntos conflictivos y dar seguimiento a los compromisos de las autoridades.
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Asimismo, la petición de supervisar retenes busca que los procedimientos de revisión se realicen conforme a la ley y que existan mecanismos para denunciar posibles abusos.
La eficacia de estas medidas dependerá de su implementación, de la capacidad de respuesta institucional y de que los resultados puedan evaluarse mediante información verificable sobre delitos, incidentes y condiciones de circulación.
Los representantes del autotransporte de carga en Tamaulipas señalaron que la decisión de sumarse al paro responde a una acumulación de problemas que, aseguran, afectan tanto a los operadores como a la rentabilidad de las empresas.
Entre las principales inconformidades se encuentran los robos de camiones y mercancías, las extorsiones, el denominado cobro de piso, las condiciones deficientes de algunas carreteras y las dificultades administrativas que enfrentan las compañías para mantener sus operaciones.
Martínez Saleh sostuvo que el sector ha continuado trabajando y cumpliendo con el traslado de productos indispensables para el país, pero considera necesario que las autoridades conviertan las demandas del gremio en acciones verificables.
El representante también indicó que la inconformidad forma parte de una preocupación compartida por transportistas de otras entidades. Por ello, la movilización busca colocar la seguridad carretera y los costos operativos entre las prioridades de atención del Gobierno federal.
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Además de las demandas de seguridad e infraestructura, los transportistas expresaron inconformidad con las condiciones fiscales relacionadas con el estímulo por el pago de peajes que se prevé aplicar a partir del 1 de enero de 2027.
De acuerdo con Martínez Saleh, el sector solicita actualizar el límite de ingresos anuales a 420 millones de pesos para acceder al beneficio y ampliar su aplicación a los transportistas, independientemente de su nivel de facturación.
El planteamiento busca modificar los criterios de acceso al estímulo para que un mayor número de empresas pueda beneficiarse de la medida. Sin embargo, el alcance real de esta petición dependerá de las disposiciones fiscales vigentes y de cualquier modificación que determinen las autoridades competentes.
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Las cuotas de las autopistas forman parte de los costos que deben considerar las empresas al planificar sus recorridos. A ellas se suman el combustible, los salarios, el mantenimiento, los seguros, las llantas y otros gastos necesarios para mantener una unidad en circulación.
Para una compañía que realiza viajes frecuentes, los pagos de peaje pueden representar una partida relevante dentro de su presupuesto operativo. Por esa razón, los beneficios fiscales relacionados con este concepto pueden influir en sus costos, dependiendo de los requisitos y condiciones aplicables.
Los transportistas sostienen que ampliar el acceso al estímulo ayudaría a reducir presiones económicas. No obstante, para determinar el impacto concreto de la propuesta sería necesario conocer los criterios fiscales vigentes, el universo de empresas beneficiarias y las condiciones que establezca la normativa correspondiente.
Los representantes del sector solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar las demandas fiscales y de seguridad que motivaron el anuncio de la movilización.
Martínez Saleh afirmó que los transportistas respaldan los proyectos relacionados con inversión, desarrollo y empleo, pero consideró que también necesitan apoyo institucional para continuar prestando sus servicios en condiciones adecuadas.
La petición busca que las autoridades federales abran canales de diálogo y presenten respuestas específicas a los planteamientos del gremio. Entre los temas que los transportistas consideran prioritarios están la seguridad en los caminos, la regulación de servicios auxiliares, el mantenimiento de las vías y los criterios de acceso a los estímulos fiscales.
Hasta que exista información oficial sobre posibles acuerdos o modificaciones, las solicitudes deben entenderse como demandas del sector y no como medidas que ya hayan sido aprobadas.
La movilización anunciada no se limitará al sur del estado. Abraham Sosa Ruiz, delegado de Canacar en Reynosa, confirmó que los agremiados de la zona fronteriza también se sumarían a las acciones previstas para el lunes 26 de octubre.
La participación de transportistas de distintas regiones de Tamaulipas refleja el interés del gremio por presentar sus demandas de manera coordinada. Sin embargo, el anuncio de adhesión no permite establecer por sí solo cuántas unidades dejarán de operar ni qué carreteras tendrán afectaciones.
Reynosa es un punto relevante para el movimiento de mercancías por su actividad industrial y su conexión comercial con Estados Unidos. Por su parte, el sur de Tamaulipas mantiene una actividad logística vinculada con el comercio, la industria y el movimiento de productos.
La dimensión de las posibles afectaciones dependerá del número de participantes, de la modalidad de protesta y de si la movilización implica únicamente detener operaciones o también realizar concentraciones y acciones en determinados puntos carreteros.
