El gobierno estatal incrementa la vigilancia en carreteras y expendios de combustible, buscando proteger a los consumidores y combatir las prácticas ilegales que afectan a la economía.
Las autoridades de Tamaulipas han anunciado una estrategia integral para frenar el traslado ilegal y la adulteración de combustible, en un esfuerzo por garantizar que cada litro que llegue a los automovilistas sea auténtico, seguro y vendido a precio justo.
El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Jiménez, explicó que existen tres principales modalidades de riesgo: el huachicol mediante la ordeña de ductos, el huachicol fiscal a través de documentación falsa para evadir impuestos y la adulteración con solventes.
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Estas prácticas, dijo, no son propias de mafias masivas como se cree, sino de operaciones irregulares que se aprovechan de fallas en los mecanismos de verificación.
El funcionario precisó que en algunos casos se detectó que transportistas alteraban sellos de seguridad en terminales o incluso desenganchaban carrotanques durante los trayectos, lo que permitía introducir combustible adulterado en expendios sin autorización oficial.
Los operativos contemplan un mayor control en carreteras, terminales y estaciones de servicio, con revisiones aleatorias y coordinación directa con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Además, se establecerán mecanismos de cruce de información para detectar irregularidades en tiempo real y se procederá a la revocación de permisos en expendios que incumplan la normatividad.
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Jiménez destacó que uno de los objetivos principales es asegurar que el consumidor final no sea víctima de engaños. “Cada litro que se despache en Tamaulipas debe estar libre de fraudes; no se trata solo de un tema económico, también es un asunto de seguridad y de confianza para los ciudadanos”, apuntó.
La ubicación estratégica de la entidad es un factor determinante: con la aduana de Nuevo Laredo y los puertos marítimos de Tampico y Altamira, Tamaulipas es un corredor natural para el comercio energético. Esta condición obliga a redoblar esfuerzos en la detección de operaciones sospechosas y en la protección del mercado legal.
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De esta manera, el gobierno estatal busca enviar un mensaje claro: no habrá tolerancia a las irregularidades que afectan al bolsillo de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad. La estrategia se enmarca en un compromiso más amplio de reforzar la transparencia y la vigilancia en sectores clave para la economía tamaulipeca.
