Autoridades anticorrupción detectan irregularidades graves; casos ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas detectó tres casos de nepotismo en el servicio público, considerados como faltas graves, los cuales ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para la imposición de sanciones correspondientes.
Titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo. Foto / Gobierno del Estado
De acuerdo con la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, dos de los casos corresponden a la pasada administración estatal, mientras que uno más se registró en el actual gobierno, lo que evidencia que estas prácticas no han sido exclusivas de un solo periodo.
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La funcionaria explicó que, al tratarse de faltas graves, será el Tribunal de Justicia Administrativa el encargado de determinar las sanciones, que pueden ir desde inhabilitaciones hasta multas económicas, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Estos hechos, aunque puntuales, reflejan una problemática que durante años ha sido señalada por la ciudadanía: el uso de cargos públicos para beneficiar a familiares o personas cercanas.
Tribunal de Justicia Administrativa. Foto / Gobierno del Estado
En paralelo, la Secretaría informó que cuatro empresas constructoras se encuentran en proceso de sanción por incumplimiento en contratos de obra pública. Una de ellas está a punto de ser inhabilitada, lo que le impediría participar en futuras licitaciones y provocaría su baja del padrón de proveedores del gobierno estatal.
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Las otras tres compañías continúan en proceso administrativo, luego de detectarse irregularidades en la ejecución de obras y el incumplimiento de los términos contractuales.
Aunque no se revelaron los nombres de las empresas ni las obras involucradas, debido a que los procesos siguen en curso, se confirmó que será la Secretaría de Obras Públicas la encargada de aplicar sanciones económicas y hacer efectivas las fianzas correspondientes.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción se enfoca en la inhabilitación de estas empresas para evitar que continúen contratando con el gobierno durante un periodo determinado.
Titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo. Foto / Gobierno del Estado
Más allá de estos casos, la dependencia también dio a conocer datos relevantes sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos. Durante el año pasado, al menos 30 funcionarios fueron inhabilitados por no presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial y de intereses.
Sin embargo, también se destacó que más de 79 mil servidores públicos sí cumplieron con esta obligación, lo que representa un avance importante en materia de transparencia.
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Además, se aplicaron 61 sanciones consideradas no graves, principalmente por omisiones en la presentación o actualización de declaraciones patrimoniales.
Estos números reflejan un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas, aunque también evidencian que aún existen áreas de oportunidad dentro del servicio público.
Hoy, el mensaje de las autoridades es claro: las irregularidades no pasarán desapercibidas. Pero para la ciudadanía, la exigencia va más allá de detectar y sancionar; también implica prevenir y erradicar prácticas que durante años han debilitado la confianza en las instituciones.
La lucha contra la corrupción no se mide solo en números, sino en resultados que se traduzcan en un gobierno más justo, transparente y cercano a la gente.
