Muchos de los trámites federales, estatales y municipales cuestan más a partir del 1 de febrero de 2026, lo que representa más gasto.
A partir del 1 de febrero de 2026, varios trámites, servicios y multas en México registrarán un incremento en su costo debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, UMA .
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, anunicó de finales del 2025 que el ajuste sería de 3.69%, lo que impacta directamente en obligaciones legales, fiscales y administrativas en los tres niveles de gobierno.
La UMA es una referencia económica utilizada para calcular montos previstos en leyes federales, estatales y municipales.
Desde 2016 sustituyó al salario mínimo como base de cálculo, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales se reflejaran automáticamente en multas o pagos oficiales.
Entre los trámites federales que suben de precio se encuentran:
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Otros servicios afectados son los trámites migratorios:
A nivel estatal, el impacto se notará en trámites cotidianos como:
Asimismo, aumentarán los costos por verificación vehicular, canje de placas, servicios notariales y registros en el Registro Público de la Propiedad.
Las multas de tránsito, sanciones ambientales y aquellas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales estatales también se ajustarán al nuevo valor de la UMA.
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En el ámbito municipal, subirán las licencias de funcionamiento comercial, permisos de construcción o remodelación, constancias de residencia, así como las multas cívicas e infracciones.
También se encarecerán los permisos de uso de suelo, anuncios publicitarios y tarifas por uso de mercados y espacios públicos.
El aumento de la UMA también afectará a los créditos hipotecarios y préstamos que estén denominados en esta unidad, ya que la deuda se actualiza conforme a su valor vigente.
Para 2026, el Inegi estableció los siguientes montos para la UMA:
Estos valores serán de aplicación obligatoria durante todo el año, conforme a lo establecido por la Constitución y el Decreto de desindexación del salario mínimo.
El ajuste busca mantener actualizadas las obligaciones económicas sin ligarlas directamente al salario mínimo.
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