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El envío de más de 814 toneladas de ayuda de México a Cuba reabre un debate que va más allá de la solidaridad: la exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos.
En política, lo que no se documenta, se interpreta. Y lo que se interpreta, se convierte en voto, para bien y para mal.
Por eso el tema no es si México debe o no ayudar a Cuba. El tema es otro, lo que importa es la ruta del apoyo. ¿Qué se manda, cuánto cuesta, quién lo decide, cómo se reporta? y, sobre todo, ¿cómo se verifica que llegue a la población civil y no se pierda en los filtros de la dictadura?.
El Gobierno de México envió a Cuba más de 814 toneladas de ayuda humanitaria en dos buques de la Armada. Se informó que el cargamento incluía alimentos y artículos de higiene, con un componente relevante de leche, entre otros insumos.
Eso, en apariencia, es una acción humanitaria, y puede serlo.
Pero también es, inevitablemente, un acto político. Porque la política exterior no se hace en el vacío, se hace con dinero público. Y el dinero público, en un país con carencias persistentes como México, tiene un problema, y es que siempre compite.
Compite con la exigencia de seguridad, con hospitales saturados, con medicinas intermitentes y escasas, con escuelas sin mantenimiento, compite con obras que se anuncian y no se concluyen, con ciudades que, cuando llueve, colapsan, con una lista larga de pendientes que la gente no lee en informes, la padece en la calle.
No es que la gente sea insensible, es sólo que la gente vive el día a día. Y desde ese lugar se pregunta, ¿por qué allá sí y aquí a veces no?
Y aquí la discusión se vuelve más compleja, porque no todo es “donación”. Desde el propio gobierno federal, entiéndase CLAUDIA SHEINBAUM, se ha insistido en que parte de la relación con Cuba, particularmente en materia energética, corresponde a ventas contractuales. Dijo que Pemex tuvo en 2025 ventas a Cuba por 496 millones de dólares, bajo un contrato firmado desde 2023. Es decir, por un carril se habla de ayuda humanitaria; por otro, de comercio.
Dos rutas, dos explicaciones, dos narrativas. Y cuando hay dos narrativas sobre recursos públicos, la ciudadanía pide lo elemental, claridad.
Porque la pregunta no se resuelve con toneladas ni con discursos, se resuelve con trazabilidad, con informes comprensibles, con mecanismos verificables, con costos desglosados y con criterios de decisión.
La política —sobre todo la que pretende ser moral— tiene una obligación adicional, no basta con decir “hicimos lo correcto”; hay que demostrarlo.
Si el apoyo es humanitario, se espera algo tan básico como poder responder: ¿qué dependencia compró?, ¿en qué condiciones?, ¿con qué proveedores?, ¿a qué costo?, ¿qué parte se cubre con recursos públicos y cuál con donaciones?, ¿qué institución recibe en destino?, ¿qué mecanismo distribuye?, ¿qué evidencia pública existe de la entrega y su destino final?
No es una acusación. Es una exigencia legítima.
Porque cuando no hay trazabilidad, lo que crece no es la solidaridad: crece la sospecha. Y la sospecha, en años electorales, se convierte en combustible altamente inflamable.
Morena y el Gobierno federal no tienen solo un reto administrativo; tienen un reto político, que su narrativa de prioridad social no sea perforada por una percepción de prioridades externas.
Y cabe recordar que en 2027 no se votará sobre Cuba, se votará sobre México, sus necesidades y dolencias.
En campaña, el debate no se libra con tecnicismos, se libra con símbolos. Bastará con un contraste eficaz —carencias locales frente a apoyo externo— para instalar una pregunta que es venenosa por simple: ¿a quién pusieron primero?, ¿quién es su prioridad?, y ¿a quién le rinden cuentas?.
La solidaridad internacional puede ser una virtud, pero sin recibo, sin datos claros y sin ruta verificable, se corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y la propaganda, tarde o temprano, se cobra en las urnas.
