La amenaza de intervención de Trump: Rocha Moya como el nuevo "García Luna" de la 4T.
Donald Trump lleva meses diciendo que desea intervenir México. Ahora, encontró su justificación: la impunidad que cobija a Rubén Rocha Moya. La incompetencia del sistema de justicia mexicano nos trajo hasta este punto.
Este martes 28, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió la petición de detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos, el actual gobernador de Sinaloa; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Los acusan de estar coludidos con el Cártel de Sinaloa, y de haber sido beneficiados electoralmente por este grupo del crimen organizado.
La presidenta respondió con una postura clara: que no hay pruebas públicas contundentes para justificar la detención de los morenistas. Sheinbaum asegura que Estados Unidos sólo ha presentado declaraciones de testigos anónimos.
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Esta postura es incongruente por varias razones: primero, porque la sentencia contra García Luna se basó principalmente en testimonios de otros delincuentes; y segundo, porque la 4T ha defendido el encarcelamiento de miles de personas sin pruebas contundentes a través de la prisión preventiva oficiosa.
Esa no es la única contradicción. Este jueves 30 de mayo, en su conferencia, la presidenta se lanzó contra la oposición por “colgarse del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”. Nuevamente, vale la pena ver los paralelismos con García Luna.
¿Qué ha hecho la 4T por años si no es colgarse de una resolución del exterior para construir su argumento de que el PAN es un narcopartido? Ojo, no lo niego.
A estas alturas, vale la pena preguntarnos, ¿por qué Calderón no ha sido enjuiciado en México? ¿Por qué García Luna tuvo que enfrentar la justicia en Estados Unidos y no en el país que masacró? Lo mismo podemos cuestionarnos de Peña Nieto. El planteamiento es particularmente importante considerando que AMLO capitalizó el deseo de ver a esos expresidentes tras las rejas, y una vez en el poder se lavó las manos con una consulta popular para someter a votación si los exmandatarios debían ser investigados.
La consulta tuvo una bajísima participación y no fue vinculante. A partir de ahí, la justificación de López Obrador (retomada por la presidenta Sheinbaum), fue palabras más, palabras menos, que no se enjuició a los expresidentes porque “el pueblo no quiso”. Sobra decirlo, pero la justicia no debe someterse a votación. ¿Para qué tenemos leyes o qué?
La única explicación lógica que encuentro para entender por qué los expresidentes no han enfrentado la justicia es por un pacto de impunidad entre las cúpulas políticas. Es la misma razón por la que considero que no desafueran al líder del PRI, Alejandro Moreno o a Adán Augusto.
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Hernán Bermúdez puede caer, pero López Hernández no, es parte de esa élite blindada. Rocha Moya también estaba dentro de esa categoría.
No importó la carta de “El Mayo” vinculando al gobernador con el cártel, tampoco el intento de encubrir el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén.
Rocha gozó del respaldo de AMLO, Sheinbaum y Morena en general, hasta que la acusación de EE.UU. salió a la luz. Ahora los morenistas ya no se unen para cantar “No estás solo”.
La FGR ya investiga a todos los señalados, pero incluso si se determina que sí existe evidencia de que están coludidos con el narco, incluso si terminan en prisión, el precedente es claro y catastrófico: México sólo es capaz de investigar y posiblemente juzgar a integrantes de la élite política, bajo amenaza de una potencia extranjera.
La incapacidad de nuestro sistema de justicia, puso y pone en riesgo nuestra soberanía.
