Más de mil indígenas fueron desplazados tras ataques atribuidos a Los Ardillos en la montaña de Guerrero.
El desplazamiento forzado de poblaciones indígenas de Tula, Acahuehuetlán, Xicotlán y Alcozacán en la montaña de Guerrero no es un caso aislado, sino resultado del fortalecimiento del crimen organizado por diversos motivos.
A resumidas cuentas, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense son responsables. En México, por la histórica colusión de las autoridades con los grupos delincuenciales, y en Estados Unidos por la desatención de las adicciones y la desregulación de armas de alto calibre que llegan a las manos de los asesinos en nuestro país.
Antes de la crítica, tantito contexto.
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El 9 de mayo, el Concejo Nacional Indígena Emiliano Zapata hizo su primera denuncia de los ataques. Señalaron que los habitantes estaban siendo rafageados con drones. Reportan al menos cinco asesinadxs, dos desaparecidxs y más de mil desplazadxs.
En medio de la crisis, comenzó a circular un video (cuyo origen no pude confirmar) de mujeres indígenas rogando la intervención de Donald Trump. El 12 de mayo, durante una conferencia de prensa de Morena para convocar a una manifestación contra la gobernadora de Chihuahua, un reportero le preguntó a la líder nacional guinda, Ariadna Montiel, sobre esto.
Directamente le cuestionó si estas mujeres, al igual que la panista, debían ser consideradas “vende patrias”.
Montiel evitó contestar de forma directa, sólo indicando que el gobierno federal atendería a lxs afectadxs. Creo que la respuesta de Ariadna pudo ser mejor, porque el planteamiento del reportero es absurdo.
¿Cómo comparar a la gobernadora de un estado que permitió (presuntamente, verdad) la operación de la CIA en su territorio, con mujeres indígenas atacadas con drones que objetivamente no tienen el poder político de asociarse con autoridades estadounidenses?
Obviamente se puede condenar la colusión de la gobernadora y entender el grado de desesperación de mujeres atacadas que se sienten abandonadas por el Estado que debería protegerlas.
Hay otro punto importante de análisis: ¿Cuál es el grupo detrás de este desplazamiento? Los Ardillos; el mismo responsable de la decapitación del alcalde Alejandro Arcos.
El líder del cártel, Celso Ortega de hecho se reunió con su antecesora, la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Se difundió un video en el que aparecen comiendo y platicando.
Aunque Norma Otilia fue expulsada de Morena, no hubo ninguna investigación que llevara a su detención. Impunidad total. Ahí no terminan los lazos políticos de Los Ardillos.
Diversos medios reportan que Bernardo Ortega, quien fue diputado local por el PRD es hermano del líder delincuencial.
Esto sólo ejemplifica que lo que dijo Terry Cole, jefe de la DEA esta semana es cierto: “No hay duda que los narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México han estado cogiendo/ en cama por años”. Como lo repito hasta el cansancio, a Estados Unidos no le importa esta colusión porque “nos quieran salvar”, sino porque les sirve como justificación para sus deseos intervencionistas; pero si sabemos que tenemos un vecino con esa intención, no hay que dejarles margen de maniobra.
El gobierno federal debe atender casos como éste de forma inmediata. Si no lo hacen por convicción, que los motive el evitar que Estados Unidos inicie una incursión en nuestro territorio.
La respuesta del gobierno mexicano tardó. El 13 de mayo, es decir cuatro días después de que iniciaron los ataques, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que fue a Guerrero a atender a lxs desplazadxs junto a la gobernadora, Evelyn Salgado.
En sus tuits y comunicados no habla de desplazamiento forzado por el crimen organizado, sino de “resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades”.
Luego, informó que los caminos bloqueados habían sido abiertos “gracias al diálogo”. Harfuch y Sheinbaum respaldaron esta información pero… ¿Diálogo con quién? Eso no queda claro. No quiero ser “mal pensada”, pero un acercamiento de su grupo político con Los Ardillos tampoco sería una novedad.
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Este jueves, Gobernación informó que ya comenzó el retorno de habitantes a sus comunidades con el resguardo de la Guardia Nacional. En un comunicado la dependencia afirma que regresaron 118 personas, cuando la denuncia es que hay más de mil desplazadas.
Además, se reportó que los criminales quemaron decenas de viviendas y que asesinaron el ganado, sustento de la población. ¿Bajo qué condiciones van a regresar a sus pueblos?
Esto no ha sido solucionado. Nuestros ojos deben seguir en la montaña de Guerrero.
