El caso de César Jáuregui deja dudas sobre qué sabía Maru Campos y cómo cambió su versión sobre los agentes estadounidenses en Chihuahua.
El caso de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, tiene muchas aristas que vale la pena analizar.
Iniciemos con el cambio de narrativa. Cuando el escándalo estalló, en abril de 2026, la gobernadora panista se lanzó a una gira de medios. Con Joaquín López Dóriga aseguró que no tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en su estado. Detalle importante: cuando López Dóriga mencionó que Jáuregui sostuvo la misma postura —que él también desconocía la situación— Campos asintió en respaldo.
Demos un brinco en el tiempo. En días recientes, el 14 de octubre, se publicó una entrevista de la gobernadora en Latinus donde ella pintó otra historia. Dijo contundentemente que Jáuregui sí estaba enterado y que “actuó por la libre” sin informárselo.
Que María Eugenia diga haber desconocido la presencia de agentes de la CIA no la exime de responsabilidades. A diferencia de otras entidades, en Chihuahua la fiscalía no es autónoma, sino que responde directamente al Ejecutivo estatal. Si la panista no sabía lo que ocurría en una institución bajo su mando, acepta su ineptitud, y por la incompetencia también se paga.
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La detención de Jáuregui desató la teoría de que la gobernadora pactó con la presidenta Sheinbaum con tal de conseguir impunidad. No es algo descabellado al analizar la cronología. El 19 de septiembre ambas sostuvieron una conversación que Campos catalogó como “franca y muy honesta”.
Luego, el sábado 17 de octubre—tres días después de esa entrevista en Latinus con el giro de narrativa— la fiscalía chihuahuense detuvo a Jáuregui acusándolo de “ejercicio ilegal de servicio público y coalición”.
Para el día siguiente un juez ya lo había liberado considerando que podía pasar su proceso fuera de prisión. Curioso que, cuando el exfiscal salía de la audiencia, lo detuvieran otra vez, ahora por la imputación de “traición a la patria” por parte de la Fiscalía General de la República. Conveniente.
A la suspicacia se suma la defensa que la presidenta Sheinbaum ofreció a la panista el lunes 19 de octubre, cuando aseguró en conferencia que, según sabía, la FGR no contaba con pruebas de que la gobernadora estuviera implicada en la presencia de los agentes de la CIA.
Qué mal cálculo político. En teoría, encarcelar al fiscal podía traer ventajas para las dos. La presidenta se la había pasado hablando del caso Chihuahua. Sus simpatizantes exigían justicia, con un enojo que la mandataria alimentó. Tenía que entregar a algún culpable que enfrentara la justicia y quizás pensó que con Jáuregui bastaría. No imputar a la gobernadora además le permitiría evitar más acusaciones de que es una “dictadora” que persigue a sus opositores.
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La maniobra tuvo un impacto negativo para la gobernadora y la presidenta. Sheinbaum se ve tibia, como echándose para atrás. Y María Eugenia está siendo señalada de traicionar al PAN, de entregar a su aliado, abandonando esa imagen de la dura opositora que su partido cobijó con el intento de movimiento “Yo con Maru”.
Hay tres puntos que quiero destacar.
Primero, a mi criterio, Jáuregui no es un chivo expiatorio en el sentido de que sea una inocente palomita que está pagando por los crímenes de Campos como su defensa plantea. Considero que estuvo implicado. Desde abril, Milenio presentó una imagen evidenciando que los oficiales extranjeros portaban uniformes de la fiscalía estatal.
Segundo, aunque María Eugenia ahora intente decir lo contrario, no se opone a la operación de agentes estadounidenses en Chihuahua sin el visto bueno federal. Me queda claro con la persona que designó como nuevo encargado de la fiscalía: Gilberto Loya Chávez, exsecretario de Seguridad estatal, quien en abril de 2026, afirmó a El Heraldo de Juárez que la Torre Centinela estaba diseñada para tener la presencia de agentes del FBI y la DEA.
Tercero, si la gobernadora panista no enfrenta a la justicia, la presidenta Sheinbaum habrá jugado un rol en su encubrimiento, y no sería la primera vez que ella haya intentado negar la injerencia estadounidense en nuestro país. Vale la pena retomar el caso de Ryan Wedding, capturado el 22 de enero de 2026, llevado a Estados Unidos sin proceso de extradición, escoltado por agentes del FBI —justo el día en que el titular de esa agencia, Kash Patel, se reunió con Harfuch y Godoy en México.
En medio de esa crisis, la presidenta intentó sacudirse las acusaciones de injerencia mostrando una imagen falsa, generada con inteligencia artificial, para respaldar la narrativa de que el narcotraficante se entregó en la embajada de Estados Unidos.
Reconocer que extranjeros operan en México tendría un enorme costo político. Que la presidenta se oponga al injerencismo evidentemente es positivo, pero no debe quedar solo en el discurso.
