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Cada cierto tiempo, en México se vuelve a anunciar que ahora sí llegará la salud universal.
Cada cierto tiempo, en México se vuelve a anunciar que ahora sí llegará la salud universal. Cambian las siglas, cambian los formatos, cambian los discursos y cambian hasta las credenciales, pero la promesa es esencialmente la misma, que cualquier persona pueda atenderse sin que la burocracia le cierre la puerta en la cara.
Esta semana, el Gobierno federal anunció la creación del Servicio Universal de Salud y confirmó que del 13 al 30 de abril de 2026 iniciará una etapa de credencialización para personas de 85 años y más, con la intención de que el registro continúe durante el resto del año. La apuesta oficial es integrar el acceso entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, de modo que la afiliación previa deje de ser una barrera para recibir atención.
La idea, en el papel, suena correcta, incluso suena justa. Porque en un país con tantas desigualdades, nadie debería quedarse sin atención médica por haber nacido del “lado equivocado”. El problema es que en México la distancia entre el anuncio y la realidad suele ser más grande que la distancia entre una clínica y un hospital, y ahí está el verdadero punto.
México no ha fracasado en salud pública por falta de nombres atractivos, ni por ausencia de decretos, ni por carencia de discursos bien intencionados. Ha fracasado porque sigue sin resolver lo más importante, la operatividad.
El ciudadano no vive la política pública como concepto, la vive cuando llega enfermo a consulta, cuando espera una cita, cuando busca un medicamento, cuando necesita un estudio, cuando le cambian la fecha para varias semanas después, cuando lo mandan de una institución a otra y así un largo etcétera.
La propia Presidencia de la República ha reconocido que la credencialización tomará más de un año, eso, lejos de ser un pequeño detalle, revela el tamaño del reto.
Porque integrar un sistema no consiste en repartir plásticos ni en construir una nueva narrativa oficial, integrar un sistema significa compartir expedientes, homologar procesos, coordinar personal, asegurar medicamentos, ordenar referencias, evitar duplicidades y lograr que la atención ocurra de verdad en territorio.
Éste ha sido el “talón de Aquiles” de México durante décadas, confundir cobertura anunciada con atención garantizada.
Se puede presumir universalidad, pero otra cosa muy distinta es sostenerla en la realidad cotidiana de miles de centros de salud. IMSS-Bienestar, por ejemplo, ya opera dentro de una estructura compleja, con servicios dirigidos a población sin seguridad social y con infraestructura propia heredada de esquemas previos en distintos estados. Antes de que siquiera termine de acomodarse ese entramado, el país vuelve a plantear una capa adicional de integración nacional.
Ojo, no se trata de descalificar la intención, se trata de exigir que la intención no vuelva a quedarse en propaganda.
Porque en salud pública, el margen para el autoengaño es mínimo, entiéndase, el paciente no mejora sólo porque el gobierno cambie el nombre del modelo, el diabético no se estabiliza por decreto, la mujer con cáncer no resuelve su tratamiento por una conferencia mañanera, un adulto mayor no necesita una credencial para escuchar una promesa más, pero sí necesita consulta, seguimiento, medicamento y respuestas. Ésa es la prueba que de verdad importa.
Si este nuevo Servicio Universal de Salud quiere distinguirse de los intentos anteriores, tendrá que medirse con indicadores mucho más duros que los del boletín oficial, menos tiempo de espera, más surtimiento efectivo, menos peregrinación entre instituciones, más médicos, más enfermeras, más continuidad de tratamientos y menos ciudadanos convertidos en gestores de su propia enfermedad ni auto financiando sus medicamentos.
Porque ése ha sido, en el fondo, el drama silencioso de la salud pública mexicana, que el enfermo, además de padecer, tiene que aprender a navegar el laberinto.
La salud universal no se decreta, se construye, se coordina, se financia, se opera, se sostiene, y sobre todo, se demuestra.
