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La salida de Adán Augusto López de la coordinación del Senado no es un movimiento administrativo, es una retirada estratégica. Se va para quitarse del foco de la crítica para no aclarar su relación con la barredora, el grupo criminal que mantiene asolado a Tabasco desde los años en que él fue gobernador.
Se va para no explicar el origen de sus recursos, para no rendir cuentas sobre el manejo de sus empresas millonarias. En este contexto, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum es políticamente inteligente. Cargar con Adán Augusto López se había convertido en un lastre.
Un un peso muerto que no solo no suma, sino que acumula negativos en la misma lógica de desgaste que representan los López Beltrán para el proyecto de gobierno. Pero que se haya retirado del escaparate no significa que el tema esté cerrado, al contrario, la salida no cancela las preguntas, las multiplica.
Las explicaciones deben seguir exigiéndose. El senador no puede refugiarse en el silencio ni en los reacomodos internos del poder, tiene la obligación de explicar, de transparentar, de rendir cuentas.
Porque en un país donde la violencia y el dinero ilícito se entrecruzan con la política, retirarse del foco no equivale a quedar exento y porque la rendición de cuentas no es una concesión del poder, es una exigencia democrática que no debe prescribir.