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A las cuatro y media de la mañana suena el despertador.
A las cuatro y media de la mañana suena el despertador. Todavía está oscuro cuando miles de trabajadores salen de García, Juárez, Pesquería, Zuazua o El Carmen rumbo a Monterrey o San Pedro.
Van a limpiar oficinas, atender restaurantes, cuidar pacientes, vigilar edificios, dar clases, vender en tiendas o mantener en marcha una ciudad de riqueza y modernidad.
Su jornada empieza a las ocho, pero ellos salen dos o hasta tres horas antes. Primero caminan a la parada y luego esperan el camión, después viene el tráfico, el transbordo y otra espera.
Si todo sale bien, llegarán a tiempo, pero si llueve, hay un choque o la ruta no pasa, llegarán tarde y tendrán que explicar por qué.
Al terminar, repetirán el recorrido en sentido contrario y volverán a casa de noche, verán unos minutos a sus hijos y dormirán poco, porque al día siguiente todo comienza otra vez.
Esa es una de las realidades más incómodas de Nuevo León para quienes sostienen la ciudad, pero ya no pueden vivir en ella.
El corazón de la zona metropolitana de Monterrey necesita enfermeras, policías, maestros, meseros, guardias, empleados de limpieza, cajeros y trabajadores de servicios. Pero no les ofrece vivienda cerca de sus empleos.
Los departamentos crecen verticalmente en Monterrey y San Pedro, aunque buena parte de esa oferta está dirigida a compradores de altos ingresos o inversionistas.
La vivienda accesible, en cambio, se empuja cada vez más lejos, y luego nos sorprende el tráfico.
El problema no solo es inmobiliario, también es político.
Los municipios autorizan torres, cambios de uso de suelo, desarrollos y nuevas densidades. Así se presume inversión, pero los desarrolladores construyen donde está el negocio, aunque nadie se pregunta dónde vivirán quienes limpiarán esas torres, atenderán los restaurantes o cuidarán esos hospitales.
Durante años se permitió construir vivienda barata en la periferia, lejos de los empleos, del transporte, de las escuelas y de los servicios. Ahora se levantan departamentos céntricos que pocos trabajadores pueden pagar.
En un extremo hay casas lejos de todo, en el otro, vivienda cerca de todo, pero fuera del alcance de la mayoría.
Eso no es planeación urbana, es segregación con permiso oficial.
Especialistas estiman que Nuevo León necesitará más de 870 mil nuevas viviendas hacia 2046. El dato impresiona, pero la pregunta no es sólo cuántas casas se construirán, la pregunta es dónde, para quién y a qué precio.
Porque podemos llenar la ciudad de grúas y seguir sin resolver la crisis de vivienda, podemos presumir departamentos nuevos y continuar expulsando a quienes ganan menos.
Podemos celebrar cada inversión, mientras las familias pagan el crecimiento con horas de traslado, y la desigualdad en Monterrey también se mide en tiempo.
Quien tiene automóvil puede elegir rutas y horarios. Quien depende del transporte público debe levantarse antes, regresar más tarde y gastar parte del salario sólo para llegar a trabajar.
Los desarrolladores venden, pero el costo verdadero lo absorben las familias, padres que salen antes de que despierten sus hijos, madres que recorren trayectos inseguros, jóvenes que rechazan empleos porque el transporte se come el sueldo y personas que llegan agotadas antes de comenzar su jornada.
La solución no es estar contra las torres ni contra la inversión, la ciudad necesita crecer, pero también vivienda accesible cerca de los centros de trabajo, transporte conectado y municipios dispuestos a exigir que el desarrollo inmobiliario deje algo más que predial y fotografías.
Una ciudad exitosa no es la que construye más alto, es la que permite que quienes la sostienen puedan vivir dentro de ella.
Porque Monterrey todavía necesita a sus trabajadores y parece haber olvidado que ellos también necesitan a Monterrey.
