A 100 días del caso Rubén Rocha, la columna analiza las repercusiones políticas y diplomáticas que, según el autor, ha generado la postura del Gobierno mexicano frente a las investigaciones en Estados Unidos.
Se cumplen 100 días, 100 días de que Estados Unidos pidió la detención de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, de Enrique Enzunza, el senador de varios otros funcionarios del Estado.
Dos de ellos, Gerardo Mérida, que era secretario de seguridad y Enrique Díaz, que era secretario de finanzas, se entregaron a la Unión Americana y están colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Pero los otros, los otros, comenzando por Rocha Moya, están protegidos por el Gobierno Federal. Una decisión incomprensible, un costo político altísimo.
Desde entonces, la desconfianza en el Gobierno mexicano y en la propia presidenta se ha ido acrecentando. Si uno ve la escalada que ha habido en los funcionarios esta estadounidenses al referirse a México, crecen un día sí y el otro también.
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En Estados Unidos, donde estuvimos en los últimos días, lo que dicen es que mantienen la confianza en Omar García Harfush, mantienen la confianza en el general Trevilla, en los temas económicos y comerciales en Marcelo Ebrard y muy poco más. ¿Por qué?
Porque no puede ser que un gobierno se niegue a detener a una serie de funcionarios que están claramente involucrados, claramente involucrados con el crimen organizado, que tienen procesos en los Estados Unidos, testigos en Estados Unidos, narcotraficantes en Estados Unidos que han declarado en contra de ellos, simplemente se nieguen, se nieguen a detenerlos con fines de extradición, que es lo que pidió el Gobierno de la Unión Americana.
El hombre que inició todas esas investigaciones, investigaciones, John Clayton, y al que se definió aquí en México como el jefe de una oficina ahí local de Nueva York, nada más y nada menos que la principal fiscalía que hay en Estados Unidos, la del sur de Nueva York, desde hace unos pocos días es ya el jefe de toda la inteligencia de la Unión Americana.
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De las 18 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos. Ese es el nombre que investigó la narcopolítica en México. Hay cerca de 260 expedientes ya cerrados sobre políticos mexicanos en la justicia estadounidense, que tendrá que ser el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, el que decidirá cuándo serán judicializados, cuándo serán presentados ante un tribunal.
Por lo pronto, por lo pronto, 100 días de impunidad de Rocha Moya, un costo altísimo para el país, para defender a un político que está ligado con el crimen organizado, pero que también es amigo muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Gracias, amigos de Posta.
