Los trabajadores del INE denuncian bajos salarios y condiciones precarias, mientras persisten cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei.
Todos quisiéramos París a nuestros pies.
Es una de las consignas de los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Trabajadores que denuncian recibir apenas 9,000 pesos mensuales como salario, laborar en condiciones precarias, sin insumos suficientes y sin un horario establecido para comer. Tienen que comer en 12 minutos, por ejemplo.
Son ellos quienes dan la cara a millones de ciudadanos, son ellos quienes sostienen buena parte del trabajo cotidiano del INE.
Mientras tanto en las oficinas de la alta burocracia electoral, las investigaciones por los señalamientos de irregularidades, favoritismo y contratos millonarios vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei siguen sin dar resultados. Necesitamos saber cuánto dinero se desvió, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron ese robo.
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¿Por qué, frente a la gravedad de las acusaciones y las pruebas, todavía no conocemos respuestas suficientemente claras sobre las responsabilidades y las posibles sanciones?
¿Qué sabe Guadalupe Taddei o qué intereses están en juego para que la autoridad, afín a Morena, no haya marcado públicamente una distancia más clara frente a los señalamientos? No existe democracia ni austeridad ni justicia social mientras los trabajadores denuncian precariedad.
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Tampoco es prudente presumir de honestidad ni justicia cuando las acusaciones contra los altos funcionarios permanecen sin esclarecerse.
Los trabajadores exigen condiciones dignas para trabajar y los ciudadanos exigimos lo básico: que investiguen, que castiguen a los responsables de tener hoy al INE al borde del precipicio y con ello también la confianza en el árbitro electoral.
