Waldo Fernández plantea que la atención a las causas sociales es clave para reducir la violencia y mejorar la seguridad.
La atención a las causas sociales de la violencia debe formar parte de una estrategia integral de seguridad, consideró Waldo Fernández, quien planteó combinar el trabajo de las instituciones policiales y de justicia con políticas públicas enfocadas en la prevención.
El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que problemáticas como el consumo de drogas, la violencia familiar y la falta de oportunidades requieren atención desde etapas tempranas para evitar que puedan derivar en conductas delictivas.
Fernández sostuvo que una estrategia de seguridad no puede limitarse a reaccionar cuando un delito ya ocurrió, sino que debe trabajar sobre los factores sociales que pueden favorecer la violencia.
Entre los factores que consideró prioritarios se encuentran:
- El consumo de drogas y sus efectos en las comunidades.
- La violencia familiar y la falta de oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida.
El político planteó que la prevención puede comenzar desde los centros educativos, donde maestros, padres de familia y profesionales de la psicología pueden colaborar para detectar situaciones que requieran atención.
La identificación oportuna de problemas familiares, emocionales o relacionados con el consumo de sustancias permitiría canalizar a las personas hacia programas de apoyo antes de que esas circunstancias puedan convertirse en escenarios de mayor riesgo.
Para Fernández, las escuelas representan un espacio importante para impulsar acciones preventivas y fortalecer la convivencia social.
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El planteamiento, aclaró, no significa prescindir de las corporaciones policiales ni de las instituciones encargadas de procurar justicia. Por el contrario, consideró necesario fortalecer su actuación y complementarla con políticas de prevención.
De esta manera, la seguridad tendría un componente de respuesta y otro de prevención.
Fernández sostuvo que una política pública integral debe ofrecer alternativas para mejorar las condiciones de vida y ampliar las posibilidades de movilidad social.
A su consideración, atender las causas sociales puede contribuir a reducir los factores que favorecen determinadas conductas delictivas, mientras las autoridades mantienen sus labores de seguridad y justicia.
El planteamiento busca, dijo, avanzar hacia una estrategia que no solamente responda ante la violencia, sino que también intervenga de manera anticipada en las circunstancias que pueden originarla.
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