Mientras las denuncias por el megafraude inmobiliario crecen como una "bola de nieve" tras la exposición mediática, la Fiscalía de Nuevo León revela por qué el principal implicado, José Lobatón, aún sigue el proceso en libertad.
Lo que para muchos era el sueño de una inversión segura en el corazón de Monterrey, se ha convertido en una pesadilla financiera que suma nuevas víctimas cada hora. El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, actualizó la radiografía del caso Proyectos 9, y las cifras son alarmantes.
La magnitud del caso ha escalado a niveles históricos para la justicia local. Según Luis Enrique Orozco, la presión mediática ha funcionado como un megáfono para quienes temían denunciar.
Tenemos ya cerca de 180 denuncias presentadas por igual número de víctimas, con un monto reclamado superior a los 500 millones de pesos.
Luis Enrique Orozco - Vicefiscal del Ministerio Público
El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que suman 180 denuncias por el caso Proyectos 9. Foto: Vianca Treviño
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A pesar de la estratosférica suma de dinero en juego, el rostro principal detrás de Proyectos 9 no está tras las rejas. La explicación de la Fiscalía de Nuevo León es técnica: Lobatón ha atendido los llamados de la autoridad.
Fue convocado, fue notificado legalmente y asistió a la audiencia; en consecuencia, no se advierten condiciones para justificar una necesidad de cautela.
Luis Enrique Orozco - Vicefiscal de Nuevo León
El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Ennrique Orozco, habló con los medios de comunicación del caso Proyectos 9. Foto: Vianca Treviño
Luis Enrique Orozco dejó la puerta abierta a que esta situación cambie conforme avance la integración de las casi 200 carpetas de investigación.
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En el terreno legal, la defensa de Lobatón intentó blindarlo contra cualquier intento de captura, pero el recurso no prosperó como esperaban.
El calendario marca el 27 de mayo como la próxima fecha crítica. En esa audiencia se determinará si el flujo de pruebas y la presión de los más de 180 afectados son suficientes para vincular a proceso a los responsables de un fraude que, por ahora, parece no tener techo.
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