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En la mayoría de los casos se trata de personas fallecidas, aunque también puede aplicarse a individuos vivos que, por diversas circunstancias, no pueden proporcionar información suficiente para acreditar quiénes son.
Cuando una persona permanece sin identificar, las autoridades ministeriales y los servicios médicos forenses comienzan un proceso de documentación exhaustivo.
El objetivo es reunir toda la evidencia posible que facilite una futura identificación y permita, en caso de ser necesario, relacionar el expediente con alguna denuncia por desaparición presentada por familiares.
¿Cómo identifican a una persona no identificada?
Los especialistas recopilan fotografías, huellas dactilares, características físicas, cicatrices, tatuajes, prendas de vestir y objetos personales encontrados.
Además, obtienen muestras de ADN que posteriormente son comparadas con bases de datos y perfiles genéticos proporcionados por familias que buscan a un ser querido desaparecido.
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La identificación puede resolverse en poco tiempo cuando existen documentos o familiares que reconocen a la persona.
Sin embargo, también hay casos que permanecen abiertos durante meses o incluso años, debido a la ausencia de reportes, la falta de coincidencias genéticas o el deterioro de los restos localizados.
Una vez que los análisis científicos confirman plenamente la identidad, el expediente cambia de estatus y pueden iniciarse los procedimientos legales correspondientes para la entrega del cuerpo.
Es importante señalar que una persona no identificada no es necesariamente una persona desaparecida.
Mientras la primera ya fue localizada pero aún no ha sido identificada oficialmente, la segunda continúa siendo objeto de búsqueda porque se desconoce su paradero y las autoridades trabajan para encontrarla.
¿Qué leyes regulan este procedimiento?
En México, estos procesos están respaldados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos protocolos homologados que establecen los pasos para preservar evidencia e identificar personas.
El propósito de estas disposiciones es garantizar que ninguna persona pierda su identidad por falta de información.