Los migrantes que llegan a Nuevo León se enfrentan a diversos retos para adaptarse al ambiente social.
La llegada de migrantes al estado no solo representa un tránsito geográfico, también implica superar barreras sociales, legales y culturales.
Desde el acceso limitado a servicios básicos hasta casos de discriminación, quienes buscan refugio o mejores oportunidades en Nuevo León enfrentan un panorama complejo que pone a prueba las políticas de inclusión del estado.
Aquí te damos una radiografía sobre este tema.
En Nuevo León los principales desafíos para los migrantes tanto del interior como del exterior que llegan al estado son principalmente el acceso a salud, educación y vivienda.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, aunque exista el Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Desplazadas y Retornadas en donde se ofrece orientación en trámites médicos, laborales y educativos, su acceso sigue siendo limitado.
Esto, debido a que muchos migrantes llegan en condiciones de vulnerabilidad y sin documentos oficiales que acrediten su identidad, por lo que acceder a esa ayuda, resulta llena de barreras.
No obstante, se ha buscado acercar estos servicios a la población migrante, por ejemplo, una de las jornadas más destacadas son las brigadas médicas que se realizaron a partir de 2023 en la Central de Autobuses de Monterrey, zona en donde se concentra una gran población migrante.
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Sin embargo, a pesar de que, por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León para poder brindar atención a los migrantes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se han reportado actos discriminativos hacia los migrantes.
Entre las acciones, han documentado detenciones arbitrarias, destrucción de documentos y violencia psicológica contra esta población vulnerable.
Estas acciones no solo afectan de manera directa a las personas vulneradas, sino también las alejan de los apoyos que pueden acceder por parte de las instancias gubernamentales.
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De acuerdo con el Gobierno del Estado, desde 2024, Nuevo León ha implementado un Protocolo de Atención a Personas en Flujos Migratorios, reconocido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como modelo de atención sin discriminación.
Este protocolo reúne a dependencias estatales y municipales junto con la sociedad civil para garantizar derechos básicos como identidad, salud, trabajo y educación.
No obstante, aún siguen existiendo barreras, las cuales siguen siendo un reto para las instancias públicas del estado.
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