Sandra Pámanes entrega pruebas que descalifican el juicio político contra Samuel García.
La Coordinadora de la Bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado cinco carpetas de investigación realizadas por la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El objetivo es que estas pruebas sean incorporadas al expediente legislativo y se deje sin efectos el juicio político contra el Gobernador Samuel García, al no existir elementos que justifiquen su continuidad.
Pámanes explicó que las investigaciones concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal respecto a los hechos que también forman parte del expediente legislativo.
Según las documentales entregadas, se determinó que no existió la supuesta triangulación de recursos, ni daño patrimonial a la Hacienda estatal, además de que no se acreditó la comisión de algún delito por parte del Gobernador.
La legisladora subrayó que esta información debe ser considerada por la Comisión Anticorrupción, ya que se trata de investigaciones realizadas por las instituciones facultadas para investigar posibles delitos.
Recordó que la Comisión legislativa no cuenta con facultades para realizar investigaciones penales, sino que debe actuar dentro de sus atribuciones y valorar la información que le sea presentada. El documento entregado señala que las facultades de investigación de delitos corresponden al Ministerio Público.
Pámanes cuestionó que, dentro de las solicitudes de información realizadas por la Comisión Anticorrupción, no se haya requerido información a la Fiscalía General del Estado ni a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a pesar de que ambas instituciones ya realizaron investigaciones sobre los hechos que son materia del procedimiento.
La diputada consideró que continuar con un procedimiento sustentado en hechos que ya fueron materia de determinaciones firmes podría vulnerar principios como la seguridad jurídica y el non bis in idem. El escrito presentado advierte que insistir en reexaminar hechos ya resueltos podría incluso generar responsabilidades para quienes integran la Comisión Anticorrupción.
Asimismo, Pámanes criticó que el procedimiento se haya impulsado sin contar con elementos probatorios suficientes y consideró que las determinaciones de las autoridades ministeriales deben ser valoradas antes de pretender continuar con un juicio político sobre los mismos hechos.
El documento señala que el procedimiento legislativo fue admitido sin contar con prueba alguna y que se tomó como referencia una nota periodística que ya fue abordada dentro de las investigaciones.
