La propuesta plantea hacer los procesos penales más ágiles en contra de deudores de pensión alimenticia.
Con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes se queden sin el sustento que por derecho les corresponde, la diputada local del PAN, Claudia Caballero Chávez, presentó una iniciativa para agilizar las acciones legales contra quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia en Nuevo León.
Te puede interesar....
La propuesta, entregada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, busca reformar el artículo 280 del Código Penal estatal para facilitar que los deudores alimentarios enfrenten procesos penales cuando incumplan con esta obligación.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará delito cuando una persona, sin motivo justificado, deje de cumplir total o parcialmente con el pago de alimentos durante más de 30 días, siempre que exista una resolución judicial firme, un convenio ratificado ante autoridad competente o un requerimiento formal que establezca dicha obligación.
La reforma plantea que bastará con la constancia emitida por un órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento para que pueda darse la vinculación a proceso, evitando repetir procedimientos ya resueltos en materia familiar.
Te puede interesar....
Además, se propone que el juez de control pueda imponer medidas cautelares inmediatas para garantizar el pago de la pensión durante el proceso penal, con el fin de proteger a las personas acreedoras y prevenir daños mayores.
La iniciativa contempla sanciones de uno a seis años de prisión para quien incumpla con esta obligación, además de la pérdida de derechos como la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como el pago de las cantidades no entregadas como reparación del daño.
En caso de reincidencia o cuando el deudor oculte ingresos o bienes para evadir el pago, las penas podrían duplicarse y el juez podría ordenar medidas como el embargo preventivo o la retención de ingresos.
El abogado Patricio Martínez Brito explicó que actualmente los procesos para proceder penalmente contra un deudor alimentario pueden tardar hasta tres años debido a los juicios de ejecución y los recursos legales que se interponen.
Con esta reforma, agregó, se pretende evitar la duplicación de procesos y garantizar que las resoluciones en materia familiar tengan efectos más rápidos en el ámbito penal, protegiendo así el derecho de los menores a recibir alimentos.
Te puede interesar....
