El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, señaló que muchas de estas situaciones se originan o difunden a través de redes sociales.
Lo que comenzó como una mañana ordinaria en la Secundaria No. 127 “Rolando Guzmán Flores”, en Pesquería, se transformó en minutos en un escenario de sirenas y rostros pálidos.
Un adolescente de apenas 13 años fue detectado con lo que parecía ser un arma de fuego.
Al final, resultó ser una pistola de postas, pero el estruendo simbólico de su presencia activó una maquinaria de seguridad que hoy parece no tener descanso en el estado.
Este incidente no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg que preocupa a las autoridades de Nuevo León. La pregunta que flota en el aire no es solo el "¿cómo?", sino el "¿por qué?" los jóvenes están llevando réplicas y armas blancas a sus salones de clases.
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El incremento en los reportes de amenazas ha sido exponencial. No se trata de rumores en pasillos, sino de intervenciones reales de la justicia.
Aunque el pasado miércoles el Vicefiscal de Control y Desarrollo, Alejandro Carlín reveló que fueron 29 reportes en donde un adolescente de 13 años fue puesto a disposición por el delito de amenazas, un día después, se agregó otro reporte pero en el municipio de Pesquería.
Este dato revela que la Fiscalía ha tenido que intervenir en 30 casos similares en un periodo muy corto.
Por su parte, el Fiscal General, Javier Flores Saldívar, detalló que el fenómeno se extiende a diversos municipios y tipos de armas:
Se encontraron en tres escuelas, por parte de los maestros y de Fuerza Civil, que algunos de los alumnos traían un arma blanca... la verdad es preventiva la reacción que se está haciendo.
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¿Por qué este repunte? Las autoridades señalan un culpable recurrente: el entorno digital. El Fiscal Flores Saldívar vinculó directamente estas conductas con la influencia de las plataformas virtuales: "Es por redes que se ha mencionado eso... hemos estado en vigilancia de las escuelas".
Parece que el deseo de pertenencia, los retos virales o simplemente la búsqueda de atención en un mundo hiperconectado están empujando a menores de edad a traspasar límites peligrosos.
Lo que para ellos puede iniciar como una "broma" para ganar seguidores o estatus, para el sistema legal es una amenaza que requiere protocolos de seguridad de alto nivel.
A pesar de la gravedad de los actos, la ley protege el desarrollo de los adolescentes. Ambos funcionarios coincidieron en que el enfoque es más terapéutico que punitivo. Carlín explicó: "La Ley Nacional de Adolescentes establece la no privativa de libertad para los jóvenes con estas edades".
En el caso del menor de Pesquería y otros similares, el destino no es una celda, sino el apoyo institucional. "Lo que se propuso fue que se mandara al DIF para que se le dé tratamiento psicológico", puntualizó el Fiscal General.
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La seguridad escolar ya no depende solo de un detector de metales o de la presencia policial. Para el Fiscal Flores Saldívar, la solución es sistémica y diaria:
La supervisión debe realizarse cotidianamente en todos los centros educativos.
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Mientras las investigaciones avanzan y los 29 casos siguen su curso legal, queda claro que Nuevo León enfrenta un reto social profundo.
No basta con decomisar pistolas de postas; el verdadero desafío es desarmar la ansiedad y la influencia negativa que viaja a través de las pantallas hacia las mochilas de nuestros adolescentes.
